El equipo de Gobierno ha querido realizar un primer balance de los diez días que lleva al frente del Ayuntamiento portuense. Líneas claras y directas “de compromiso en firme”, anunciaba el alcalde David de la Encina, franqueado por sus socios de Gobierno. A saber, Antonio Fernández (IU) a su izquierda y José Antonio Oliva a su derecha (Levantemos El Puerto).
Con el primer Pleno celebrado el pasado viernes, se estructuró las ocho Áreas con las que contará el organigrama organizativo del Consistorio. “Habrá que mejorar las carencias y realizar cambios puntuales como pudieran ser Medio Ambiente o Turismo”, avanzaba el edil socialista.
La aprobación de la bajada del 15% de los sueldos para Antonio Fernández resulta “ser algo más por las retribuciones. Antes había cinco Grupos, ahora serán seis”.
Equilibrar las cuentas presupuestarias no resultará un gasto mayor”, exponía. Con la aplicación también a los siete cargos de confianza (antes eran once) “habrá una reducción de 100.000 euros en los trabajadores”. Fernández reconoce que “nos apretamos el cinturón. Si se le pide al ciudadano, nosotros lo haremos también”, argumentaba el líder de IU.
El ahorro destinado, según éste, irá destinado a “medidas sociales”, aventurando que estas “no quedarán en esto”.
Avance sorprendente
Tomando literalmente las palabras del segundo teniente de Alcalde delegado de Vivienda y Bienestar Social José Antonio Oliva de Levantemos El Puerto respecto a que la Zona Naranja era “actitud política”, Santa Clara parece, de la misma manera, haber encontrado con el cambio de Gobierno tomar un cariz más cerca de “desbloquearse”, tal y como reconoció en su comparecencia. “La reunión mantenida en Sevilla ha sido satisfactoria e importante. Se planteó la reubicación inmediata y mejorar el entorno urbanístico”.
Oliva avanzó que en una de las propuestas en el encuentro mantenido en San Telmo fue la de derribar inmediatamente la barriada de José Antonio nada más se designen y ocupen las viviendas próximas de Santa Clara, tras el encuentro mantenido con el Gerente de AVRA (Agencia de la Vivienda y la Rehabilitación en Andalucía), Salvador de la Encina.
En los próximos días “la entrega de llaves será al fin una realidad y tras este primer paso llegará la puesta en marcha de la reurbanización del entorno. Ahora estamos estudiando un plan social para revitalizar la zona con proyectos trasversales que van desde la educación y la participación hasta la creación y el fomento del empleo”.
El enquistamiento encontrado en la última etapa con Suvipuerto, con cruces de declaraciones incluidas, parecen haberse tornado en esperanzadores mensajes de solución.
“En ocho días hemos alcanzados acuerdos que no se habían hecho en ocho años”, zanjó de forma gráfica, entonando un escenario bien diferente y con mejores perspectivas.
O Pleno o decreto
La incógnita está en conocer en qué y cómo resultará en la fórmula de saldar una cuestión que sigue centralizando buena parte de la gestión municipal, la Zona Naranja. Nuevamente De la Encina se ha mostrado meridianamente claro: no la habrá para el mes de julio y no la habrá para todo este verano. Falta por conocer qué salida satisfactoria se le va a conceder. “La forma es secundaria”.
Lo cierto es que o bien se celebra un Pleno extraordinario para el lunes o el martes o se determina bajo decreto anularla. El alcalde continúa recabando información, dado que “el Ayuntamiento no dispone de toda la que debería tener”.
De la Encina afirmó que el impacto con el Plan de Ajuste de no ejecutar la Zona Naranja tendría un coste de 15.000 euros para este año. Se ha preguntado en qué condiciones y qué tipo de contratos disponen sus empleados y “qué impacto (económico) tendrá”.
La compensación en el mencionado Plan de Ajuste debe continuar con su finalidad y es por lo que se pretende que las bolsas de aparcamientos sean administradas “si no es para este verano, sí a medio plazo por diversos colectivos” de desempleados. De la Encina se apresuró a reseñar que serán bolsas “públicas, gratuitas y de manera voluntaria” en su abono.
Los parkings, patata caliente sin retorno
El regidor ha lamentado de igual forma “lo complicado que está siendo obtener información sobre el proyecto de los aparcamientos subterráneos. El anterior Gobierno dejó todo muy bien atado y es muy complicado paralizar el proceso por el alto coste en concepto de penalización que supondría para el Ayuntamiento, más de 800 mil euros a Gyocivil, la empresa constructora. Aun así, queremos plantear alternativas para utilizar los fondos europeos y la inversión ya prevista por la constructora para poner en marcha proyectos sociales que estén al margen de la especulación y el afán recaudatorio con el que nació la construcción de los parkings
