Activistas de Greenpeace han colocado este martes una pancarta con el lema "La protesta es un derecho" para mostrar su rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como 'Ley Mordaza', que entra en vigor este miércoles.
La organización ha difundido a través de Twitter fotografías de sus activistas en la grúa y de otro más, junto a la puerta del congreso, con otra pancarta con el lema "Sin mordazas".
Greenpeace ha denunciado que la nueva ley penalizará, entre otros comportamientos, formas de protesta pacífica como las que suele hacer su organización, en edificios públicos. La ONG ha hecho además un llamamiento a acudir a la protesta contra la ley este martes a las 19.30.
"Esta ley carece de justificación, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en España," ha declarado, en un comunicado, el portavoz de Greenpeace, Miguel Ángel Soto. A su juicio, la ley "está pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos".
Greenpeace ha subrayado que la ley establece nuevas infracciones que encajan directamente con formas de protesta pacífica de algunos colectivos, como los activistas antidesahucios, las 'mareas ciudadanas', los sindicalistas o los afectados por las participaciones preferentes, que además "no suponen en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana".
LIMITA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
"En la práctica, la nueva ley establece serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación" y ello "contraviene las obligaciones internacionales contraídas por el estado Español en materia de derechos humanos", ha denunciado la organización.
Para Greenpece, el hecho de que la ley sancione el uso de imágenes que muestren las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también "va en contra del derecho constitucional a la libertad de información y de la necesidad de contar con pruebas que permitan el control del cumplimiento adecuado de sus funciones".
"A partir de mañana serán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior quienes interpreten cómo debemos ejercer nuestros derechos de expresión y manifestación", ha lamentado Soto, subrayando además que, "dada la presunción de veracidad del testimonio de los miembros de la fuerzas de seguridad, se podrán atribuir conductas ilícitas a los ciudadanos sin que haya quedado probado que participaron en las mismas".
