La juez de Sevilla que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis, en detrimento de Emerita Resources, de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar ha citado a declarar como testigo este martes día 14 de julio a una trabajadora de Invercaria que fue designada para prestar asesoramiento en la validación de la acreditación de la solvencia económica y financiera de las empresas.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla dictó un auto el pasado día 7 de julio en el que cita a declarar como testigo este martes a Pilar Trujillano para tratar de analizar las "contradicciones" que se han detectado entre las declaraciones de los técnicos denunciados y las manifestaciones de la testigo.
Con carácter previo a la constitución de la mesa de apertura de las solicitudes, la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, solicitó a Invercaria la designación de una empleada pública de dicha entidad que pudiera prestar asesoramiento en la validación de la acreditación de la solvencia económica y financiera de las empresas, advirtiendo de que "'la complejidad de esta validación se deriva de que en las tres propuestas presentadas hay empresas extranjeras, por lo que debe establecerse la reciprocidad de la documentación acreditativa con la exigida para empresas españolas'".
Tras estudiar Pilar Trujillano la documentación financiera facilitada por Grupo México, "confirma a la mesa que dicha documentación acredita suficientemente la solvencia de la empresa extranjera".
No obstante, "a la vista de la poca claridad de dicho memorándum de entendimiento para acreditar la solvencia económica y técnica de la licitadora", la mesa del concurso requirió a Minorbis SL para que acreditara documentalmente que, "en caso de resultar adjudicataria del concurso, la entidad Grupo México se comprometía a aportarle la solvencia económica-financiera y técnica exigida".
Esta declaración se llevará a cabo después de que, la semana pasada, comparecieran ante la instructora el presidente de Emerita Resources España, Joaquín Merino, y un técnico esta empresa, Ismael Jesús Rodríguez, que consideró "un auténtico chantaje" las afirmaciones realizadas por el presidente de Magtel en la reunión que mantuvieron en abril de 2014.
Según Emerita, que dio lugar a esta investigación con su denuncia, el 11 de abril de 2014 mantuvieron una reunión en la sede de la empresa en Sevilla en la cual el presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, les aseguró que tenía "la llave" del concurso y que "alguien" de la Junta llamaría a los cinco minutos, resultado que al cabo de ese tiempo se recibió una llamada del secretario general de Innovación, Vicente Fernández.
LA LLAMADA
En declaraciones a los periodistas tras finalizar ambas comparecencias, el abogado de Emerita, Ramón Escudero, explicó que "ha quedado claro" que la llamada referida "era una medida de presión", añadiendo que el técnico de Emerita que ha declarado como testigo consideró la misma "como un auténtico chantaje", pues "no aporto nada para la mina ni para el proyecto pero quiero un tanto por ciento para que tú puedas conseguir la mina".
Este testigo, que conoce la mina desde hace 20 años al haber trabajado con las distintas empresas que la han explotado, "no daba crédito" a las palabras del dueño de Magtel sobre "cuanto se gana aquí" o "tengo las llaves del proyecto y la mina va a ser de la persona que esté con nosotros en el proyecto".
Al hilo de ello, Escudero recordó que cinco minutos después el representante de Emerita recibió la llamada del secretario general aunque "para no decir nada", pues le trasladó únicamente que la Administración autonómica tenía cierto "interés" en la reunión, añadiendo que Emerita considera que la llamada era "una medida de presión" para que entendieran que alguien de Magtel tenía "acceso directo" al secretario general.
