La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, destina un total de 549.000 euros a prorrogar este año en la provincia de Huelva el programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, regulado por el decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad puesto en marcha en Andalucía.
El listado de los ayuntamientos participantes y las cuantías asignadas a cada uno de ellos se encuentran ya publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En el caso de Huelva se trata de 72 localidades, entre las que destacan los 42.000 euros que recibe la capital, 19.000 Lepe y los 13.000 de Aljaraque, Almonte, Cartaya, Ayamonte, Bollullos, Isla Cristina, Punta Umbría Valverde del Camino o Moguer, ha informado la Junta en una nota.
El desarrollo por segundo año consecutivo de esta iniciativa responde al objetivo de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de ofrecer atención y cobertura social a las personas que más están sufriendo los efectos de la crisis económica, tal y como ha puesto de manifiesto la consejera del ramo, María José Sánchez Rubio.
Este programa ratifica también el compromiso y la estrecha colaboración de la Junta de Andalucía con las administraciones locales. En este sentido, el 94 por ciento de los municipios andaluces se han acogido a estas nuevas prestaciones de urgencia social, donde están incluidos los suministros básicos (agua y luz) y el equipamiento esencial de la vivienda, como muebles o reparaciones básicas; necesidades urgentes de alimentación y vestido o el pago del alquiler. Las ayudas se otorgan en función del número de desempleados del municipio, que recibe entre 3.900 y 50.750 euros.
El programa se materializa mediante ayudas que son gestionadas por los propios ayuntamientos para la atención a la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas o unidades familiares que no puedan hacer frente a gastos específicos y que, cumpliendo los requisitos exigidos por la norma, hayan sido comprobados e informados por parte de los servicios sociales comunitarios.
MEDIDAS DEL DECRETO DE INCLUSIÓN SOCIAL
Aprobado por la Junta de Andalucía en junio del año pasado, el Decreto-Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad, al que pertenece el programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, beneficiará a más de 160.000 personas, unas 9.000 en Huelva.
Este nuevo decreto destina unos recursos adicionales de más de 64 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. Dicha inversión supone 8 millones más en comparación con las mismas medidas del anterior decreto contra la exclusión.
El presupuesto del decreto se suma a otras medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz en este mismo ámbito, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio o las Ayudas Económicas Familiares. En total, con estas cuatro medidas la inversión presupuestada por la Junta a la inclusión social asciende a 158 millones de euros.
La iniciativa del Gobierno andaluz, en la que colaboran varias consejerías coordinadas por la de Igualdad y Políticas Sociales, se lleva a cabo a través de la fórmula del decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. La norma se basa en tres pilares fundamentales: el Plan de Inserción a través del Empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria.
Los objetivos, por tanto, se basan en promover la inclusión de los andaluces y andaluzas que más lo necesitan a través del empleo, la principal medida de integración e inserción social; introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión social, especialmente personas mayores y menores.