El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha asegurado este jueves que pedirá "formalmente" al Gobierno central que "sea solidario con Marbella (Málaga)" y que destine el dinero de las multas del caso 'Malaya', "con el que probablemente ni contaba, a conseguir que la ciudad recupere su erario público", una vez que el Tribunal Supremo ha eliminado la referencia a que esos fondos fueran para pagar las deudas del Ayuntamiento.
De Llera ha asegurado que "ley en la mano", las penas de multas deben ir a las arcas de la Administración general, como ha dictaminado el Supremo; pero ha considerado que "el Estado tendría que hacer un ejercicio de solidaridad y el dinero que recaude de multas entregarlo a Marbella para que se resarza del extraordinario desfalco que ha sufrido ese Ayuntamiento y ese municipio".
"Es lo que yo creo y pediré formalmente al Gobierno de la Nación que sea solidario con Marbella", ha apuntado el consejero en rueda de prensa en Málaga, donde se ha reunido con los operadores jurídicos y ha visitado el Registro Civil ante la próxima entrada de la cita previa.
Respecto a la decisión del Supremo de declarar que la Administración andaluza no está legitimada para ser acción popular en el caso 'Malaya', ha señalado que no ha podido leer la sentencia todavía, pero ha apuntado que "como jurista tengo verdadera curiosidad por leerla porque no entiendo la razón por la que dice que la Junta de Andalucía no puede personarse como acusador popular".
"Conforme a la ley española puede cualquier ciudadano, cualquier asociación, cualquier persona jurídica", ha señalado, preguntándose: "por qué no la Administración". "Quiero leer los argumentos que ha utilizado el Tribunal Supremo, que probablemente sus razones tendrá, pero no las conozco", ha apostillado.
CASO 'ASTAPA'
Respecto al caso 'Astapa', sobre la corrupción en Estepona (Málaga), que aún sigue en investigación ocho años después, De Llera ha señalado que esta instrucción "es como cualquier otra y a poco que sea un poco macrocausa, que es lo peor que nos puede pasar, entonces se eterniza porque la máquina no funciona".
Ha explicado que "la Ley de Enjuiciamiento Criminal está pensada para los procesos de investigación del siglo XIX, pero no para la delincuencia moderna ni organizada" y ha indicado que "muchas veces tendemos a echarle la culpa a la falta de medios materiales y personales", apuntando que "todos tienen sus necesidades y tendremos que atenderlas en la medida de nuestras posibilidades".
Sobre esta causa en concreto, ha precisado que parece que necesita, "y lo estamos estudiando", poner un funcionario de auxilio para que escanee documentos, "pero la razón de verdad de la tardanza no está en eso, está en el modelo de investigación penal que tenemos en España", ha precisado.