Numerosas sombras en materia de derechos humanos quedan ocultas entre las luces de los brillantes rascacielos que resaltan en el horizonte urbano de Singapur, la ciudad-estado que cumple este domingo medio siglo de independencia.
La intimidación contra quienes ejercen la libertad de expresión, el férreo control de los medios de comunicación e internet, la criminalización de la homosexualidad masculina y la severidad de algunas leyes son las constantes denuncias de oenegés al catalogado como gobierno "semiautoritario" de Singapur.
"Los defensores de la libertad de expresión en Singapur deben estar preparados ante la vigilancia, acoso y trato discriminatorio (por parte de la Administración) que solo los más valientes y comprometidos están dispuestos a desafiar", indica a Efe Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch (HRW).
Tras la muerte el pasado marzo de Lee Kuan Yew, el considerado el padre de la moderna Singapur, el adolescente Amos Yee publicó en las redes sociales un vídeo donde se mofaba de la figura del fallecido.
Un tribunal singapurés halló a Yee, de 16 años, culpable de "instigar al odio religioso" con sus palabras y lo sentenció a principios de junio a cuatro semanas de prisión.
Las impolutas avenidas de este oneroso y diminuto país están resguardadas de protestas callejeras a fin de garantizar la estabilidad política.
Cualquier manifestación de carácter político o religioso necesita un permiso policial y está restringida a "pequeños áreas muy controladas" donde las autoridades vigilan a cada participante.
El Ejecutivo controla estrechamente los medios de comunicación, ya sea de manera directa, como accionista mayoritario de las televisiones, radios y diarios más importantes, o con restrictivas leyes que permiten la censura.
Singapur figura en la cola -el puesto 153 de una lista de 180 países- en la protección de libertad de prensa, según el informe que elaboró Reporteros sin Fronteras para 2015.
El ministerio de Información tiene la capacidad de sancionar e incluso clausurar los medios que alteren con sus contenidos la seguridad nacional, el orden público y la decencia.
Para vigilar los canales independientes en internet, las autoridades promulgaron en 2013 una ley que obliga a los portales de noticias con más de 50.000 visitas mensuales a requerir una licencia anual que puede ser revocada si no retiran "de inmediato" los contenidos señalados como inapropiados por las autoridades.
En la multicultural Singapur, donde conviven sin conflictos ciudadanos de etnias china, malasia e india junto a extranjeros, la homosexualidad masculina está prohibida por ley.
Una regulación de la etapa colonial castiga con hasta dos años de prisión la sodomía entre hombres, lo que representa el "desamparo legal" de los gays.
A pesar de permitir el festival anual "Pink Dot", que reclama la igualdad de derechos para los miembros de la comunidad LGBT, el Gobierno rechaza su legalización como organización.
Las ONGs, además, repudian lo que consideran "detenciones arbitrarias" con la Ley de Seguridad Interna, por la cual los sospechosos de amenazar la estabilidad nacional pueden ser retenidos de manera indefinida sin presentar cargos formales contra ellos.
La legislación singapuresa mantiene la pena de muerte para los delitos de asesinato intencionado y la producción y distribución a gran escala de droga.
Y el caneo, castigo corporal infligido con una vara de ratán, se conserva como pena para más de una treintena de delitos.
La presión internacional "es muy limitada", apunta Robertson, aunque estén constatados los "atropellos" y el pobre historial de respeto por los derechos humanos básicos de este rico Estado del Sudeste Asiático.
"Una vez que el Gobierno te considera en el lado opuesto a sus intereses te conviertes en su objetivo", sentencia el subdirector para Asia de HRW.
