El alcalde de Granada en funciones y concejal de Economía en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Ledesma, ha confiado este jueves en el archivo de la investigación abierta por la Fiscalía Provincial sobre supuestas irregularidades en una operación urbanística en la zona del Palacio de Deportes y ha defendido su actuación, que estuvo dentro de la legalidad, según ha dicho.
De hecho, en declaraciones a los periodistas ha explicado que el denunciante, el empresario Ramón Arenas, ha "intentado especular" con una parcela municipal, lo que el Ayuntamiento le ha "impedido" y de ahí la "disparatada" denuncia que ha llevado al Ministerio Público a abrir diligencias por este asunto.
Según ha indicado, todo el proceso se remonta a diez años atrás, a 2005, cuando Arenas adquirió una parcela municipal por valor de 400.000 euros en una zona de equipamiento docente y con el objetivo de construir una guardería. Sin embargo, después intentó "revender" la parcela por 1,5 millones de euros para la construcción de un aparcamiento público, pero el Ayuntamiento paralizó esa operación, y él "hipotecó" el terreno por 2,5 millones de euros.
Ledesma ha indicado que la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, ha mantenido numerosas reuniones con el denunciante y le ha reconocido que su parcela resultó invadida en 300 metros por el pabellón Mulhacén por un "error" de medición.
Por ello, intentaron llegar a un acuerdo civil por el que el propietario le devolvería la parcela, y el Ayuntamiento le entregaría los 400.000 euros pagados, pero esto no ha sido posible porque el terreno tiene una "carga", la de la hipoteca. Por ello, ahora reclama una indemnización al Ayuntamiento de seis millones, porque, según Ledesma, lo que este empresario está buscando es "dinero". "Eso sí que es un pelotazo, compra por 400.000, hipoteca por 2,5 millones y además reclama una indemnización por seis", ha apuntado.
Ledesma, que ha aclarado que ha sido denunciado no como concejal de Economía, sino como concejal secretario de la Junta de Gobierno Local, ha señalado que éste se trata de "un expediente complejo" de los que se dan "todos los días en todos los ayuntamientos de España", pero ha defendido su legalidad, y ha recordado que en ningún momento la Junta de Andalucía denunció la concesión al pabellón deportivo.
Asimismo, ha informado de que tanto la concejal de Urbanismo, como él y el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, a los que la Fiscalía ha ordenado que se les tome declaración por la Policía, ya han presentado alegaciones al decreto emitido.
En esas alegaciones, consultadas por Europa Press, Torres Hurtado indica que en septiembre de 2013 recibió al denunciante, el empresario Ramón Arenas, que le trasladó la necesidad de dar otros "usos más rentables o lucrativos" para la parcela que había adquirido para construir una guardería, y le pidió información de la parcela colindante. Además, se remite en este caso a los informes técnicos del expediente urbanístico, y señala que ni el pleno ni la Junta de Gobierno Local adoptan ningún acuerdo "de forma discrecional".
Por ello, y con independencia de que como alcalde no haya participado "activamente" en la tramitación de los expedientes, solicita el archivo de las diligencias de investigación penal "porque del relato de la denuncia no se desprende ningún hecho constitutivo de delito ni causa penal", y considera que habría sido "más procedente" la interposición de recursos contenciosos o civiles "cuando existen defectos de cabida o problemas de linderos".
DECRETO DE LA FISCALÍA
La Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía de Granada ha ordenado a la Policía que investigue este asunto y tome declaración por ello al alcalde de la capital, José Torres Hurtado, a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y al concejal de Economía, Francisco Ledesma, y otros ocho altos cargos del Ayuntamiento de Granada.
El Ministerio Público abrió diligencias por este asunto tras la denuncia interpuesta por otro empresario granadino, Ramón Arenas, que considera que se ha producido una "estafa inmobiliaria" y que indica que la operación ha conllevado que una parcela de su propiedad haya sido invadida por la construcción de un pabellón deportivo que fue adjudicado en el año 2007 por concesión administrativa.
Para la Fiscalía, según consta en un decreto notificado en julio y al que ha tenido acceso Europa Press, de la denuncia se infiere "ab initio" que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, falsedad, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias.
Por ello, ordena a la Policía que investigue las posibles irregularidades económicas y/o administrativas, le reciba declaración a los denunciados --entre los que también se encuentra el empresario supuestamente favorecido, Roberto García Arrabal-- y recabe la documentación oportuna.
Además, libra oficio a la Dirección General de Inspección Urbanística de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para que remita informe "preciso y detallado" sobre la legalidad de las actuaciones urbanísticas denunciadas, y del alcance de las mismas, según señala en la resolución, que adelanta el diario 'Ideal'.
Concretamente, le insta a que aporte información sobre si se ha respetado el procedimiento legalmente establecido, si existen posibles irregularidades en los expedientes municipales incoados y relativos a estas actuaciones urbanísticas o incrementos de aprovechamientos lucrativos, y que señale también el posible detrimento sufrido por las dotaciones públicas y el perjuicio posible para los estándares urbanísticos, para los intereses municipales y para los ciudadanos.