El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández (IU-CA), ha remitido una carta a todos los grupos del Parlamento Andaluz; PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU-CA, reclamando una "solución política" al "complejo callejón" en el que se encuentra la reapertura del yacimiento minero de Los Frailes. El primer edil llama a tratar este asunto como una cuestión "de estado" y pide una "fuerte decisión de todos" para lograr "una salida viable".
Según ha explicado a Europa Press el alcalde, su carta expone la "zozobra" que sufre la comarca de Aznalcóllar, cuyas esperanzas de recuperación y empleo están centradas en la reapertura de esta mina explotada por la antigua Boliden-Andaluza de Piritas S.A., hasta la catástrofe medioambiental de 1998, ante la "parálisis" de dicha reapertura, después de que la Junta de Andalucía suspendiese la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento a cuenta de la investigación judicial del procedimiento seguido para ello por la Administración andaluza.
Juan José Fernández recuerda que se trata de una "paralización política" del proyecto de reapertura, porque desde el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, dirigido por la juez Patricia Fernández Franco, "no se ha realizado ninguna paralización" del procedimiento. "Esa paralización de facto", según expone, implica "un riesgo de la actividad en sí" dada la "fluctuación" del precio de los minerales metálicos, cuyo alza "no será eterno". "Es posible que el precio de los minerales metálicos vaya bajando", ha avisado.
Por eso, llama a tratar el asunto como una cuestión "de estado" y buscar "una solución política" a este "complejo callejón", extremo que a su juicio es posible "con una fuerte decisión de todos". Así, propone a todos los partidos celebrar "una reunión" en el Ayuntamiento de Aznalcóllar para debatir el asunto y buscar entre todos una "solución viable". La carta, según Fernández, habría recibido acuse de recibo por parte del PP e IU-CA.
OTRA VEZ LA MINA DE AZNALCÓLLAR
La causa, como es sabido, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.
Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.
Merced a dicha denuncia, la juez Patricia Fernández Franco apreciaba "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación y ordenaba tomar declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asencio Coto, dado que la Administración andaluza no se habría atenido "al más mínimo rigor" a la hora de adjudicar los derechos de explotación de la mina, interesándose además la juez por el motivo por el cual el grupo empresarial adjudicatario de los derechos no fue "descalificado" del concurso internacional al "fallar en el cumplimiento de los requerimientos básicos medioambientales".
El Gobierno andaluz, de su lado, esgrime un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que defiende que el procedimiento de adjudicación "se ha ajustado a derecho", estando regido por la legislación minera y la Ley de Contratos Públicos. El informe, entre otros aspectos, expone el "cumplimiento de los trámites" obligados para un concurso de esta naturaleza, toda vez que un informe paralelo de los servicios jurídicos de la Junta avala también la adjudicación.
LA SUSPENSIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
No obstante, el Gobierno andaluz decidió suspender la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a la espera de que se esclareciese el asunto y, a tal efecto, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la administración andaluza suspendió de modo "eventual" la mencionada adjudicación, precisamente por la causa judicial en curso.
Hasta el momento, la juez ha imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación a siete personas, en concreto a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto, cesada por tal motivo; la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta; el interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos; Julio Ramos Zavala, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda; Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas; Juan José García Bartolomé, miembro de la comisión técnica y gerente de Inversiones en Invercaria; y Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de Ordenación Minera.