El sindicato CNT sigue la lucha “por la readmisión de la trabajadora injustamente despedida de Recolte, la contrata municipal de playas y pinares”. Tras cinco años trabajando en esta empresa de manera discontinua, la trabajadora debía haberse incorporado este verano pero no fue llamada.
Al mismo tiempo, “la empresa introducía nuevos trabajadores incumpliendo la legislación y el convenio”, según apuntan en nota de prensa.
Se da la circunstancia, además, de que estas nuevas contrataciones “son el reflejo de lo que parece una trama clientelar que implica a funcionarios, sindicalistas y políticos de la ciudad”.
En el plano jurídico la empresa no acudió al acto de conciliación durante el verano, y la demanda ya ha sido entregada en los Juzgados. Los servicios jurídicos de CNT están a la espera de la celebración del juicio, que tendrá lugar antes de la finalización del año.
Por otro lado, el sindicato junto a la trabajadora ha mantenido una serie de comunicaciones con responsables políticos del Ayuntamiento en busca de apoyo. La trabajadora ha recibido el apoyo verbal del alcalde, como de los concejales de Turismo y de Medio Ambiente, pero este apoyo no se ha materializado en una solución satisfactoria al problema.
De la misma forma se entiende que "no existe voluntad política de apoyar a la trabajadora, especialmente por parte de Antonio Chacón, que no sólo se ha entorpecido cualquier intento de diálogo sino que se ha dedicado a cuestionar la actuación de CNT y la legitimidad de la trabajadora para solicitar su puesto de trabajo. Nos sorprende enormemente que un hombre que se dice sindicalista actúe de esta manera".
De este modo, CNT ha iniciado una campaña informativa. A lo largo del mes de agosto se ha impartido propaganda en la playa de la Puntilla y a lo largo del mes de septiembre se realizarán concentraciones frente al Ayuntamiento, entre otras acciones de protesta.
Para el sindicato CNT la solución al conflicto es la readmisión de la trabajadora en Recolte, y si la empresa no está por la labor por querer hacer una purga a fondo de trabajadores que no comulgaban con sus chanchullos, o por lo que sea, el tripartito tiene la responsabilidad moral de rescindir el contrato con esta empresa, o aprovechar que este año vence el contrato, y buscar una alternativa para la trabajadora injustamente despedida. Eso es lo que haría un gobierno "progresista y social".
