Venezuela rechazó hoy haber violado el espacio aéreo colombiano el pasado sábado como aseguró Colombia, país que hizo este lunes otra denuncia por el mismo motivo, lo que tensó más la crisis abierta hace casi un mes con el cierre de tramos fronterizos ordenado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, afirmó hoy que el sábado aviones de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una misión de reconocimiento en la zona fronteriza noroccidental de La Guajira, pero que no hubo ninguna violación del espacio aéreo colombiano como denunció Colombia.
Padrino detalló que el sábado hubo un sobrevuelo de aviones clase K-8 por la frontera noroccidental con Colombia, pero que se debió a una misión para inspeccionar una de las zonas en las que el presidente Maduro cerró los pasos y decretó el estado de excepción.
En ese sentido, rechazó que los aviones llegaran a entrar en territorio colombiano hasta cerca de 3 kilómetros, como asegura Colombia, ya que verificó personalmente en el Comando Aeroespacial "las trazas" de los mismos y no encontró "ninguna violación del espacio aéreo" del país vecino.
Sin embargo, no se refirió a la denuncia que hizo hoy el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Carlos Bueno, según la cual el domingo en la noche se produjo una nueva incursión aérea en el selvático departamento de Vichada (este), donde un avión militar venezolano penetró 10 kilómetros en el espacio aéreo colombiano.
El hecho fue detectado por la FAC a las 22.09 hora local (03.09 GMT del lunes) en la zona selvática entre La Venturosa y Nueva Antioquia, localidades remotas situadas muy cerca de la línea divisoria entre Vichada y el estado venezolano de Apure.
Según Colombia, tras recibir el aviso, el aparato venezolano argumentó que "estaban ejerciendo control del espacio aéreo" por la presencia de una "posible aeronave ilegal que estaba volando sobre el área".
La ministra de Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó el domingo las afirmaciones de Colombia sobre el primer caso de supuesta violación de espacio aéreo que calificó de "invención para frustrar" la posible reunión entre Maduro y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, para buscar una solución a la problemática fronteriza.
Rodríguez, sin embargo, no se pronunció hoy sobre la segunda denuncia de Colombia ni sobre la orden que dijo recibió de Maduro de "denunciar el intento del Gobierno de Colombia para abortar gestión Unasur-Celac en diálogo presidencial".
Los roces e intercambios de acusaciones entre Venezuela y Colombia comenzaron poco después de que Maduro ordenara el 19 de agosto el cierre de dos de los tres principales pasos por el occidental estado del Táchira tras, según el Ejecutivo, el ataque de paramilitares colombianos a tres militares y un civil.
Dos días después el presidente venezolano decretó el estado de excepción en seis municipios y, posteriormente, amplió estas medidas a cuatro más en esa entidad.
Finalmente, el lunes de la semana pasada tres municipios del Zulia, vecino norteño del Táchira, recibieron también esta orden, por lo que casi 400 de los 2.219 kilómetros de la frontera que comparten Venezuela y Colombia se encuentran cerrados y el presidente venezolano ha asegurado que estas medidas se ampliarán a cuatro zonas más.
Maduro afirma que tomó esta decisión para luchar contra el hampa y el contrabando en la frontera con el país vecino, al que acusa de no hacer suficiente contra estos problemas a su lado de la línea.
Para ello implementó la conocida como Operación de Liberación del Pueblo (OLP) contra la inseguridad, que ya se aplicaba en otras zonas del país, a estos municipios fronterizos.
El ministro del Interior, general Gustavo González, informó hoy de que desde el comienzo de la OLP contra el "hampa colombianizada", el 13 de julio, se han incautado 1.174 armas y 35.585 proyectiles y se han recuperado 171 vehículos y 190 motocicletas robadas, la mayoría en zonas fronterizas.
Maduro ya se refirió en estos términos al hampa en el país cuando defendió el 11 de agosto que la OLP había dejado al descubierto un proceso de "colombianización" y "paramilitarización" de las bandas criminales en el país.
Para González, sin embargo, "lo más importante" ha sido "la recuperación" de 1.421 viviendas construidas por el Gobierno y de donde, afirmó, miembros de las bandas delictivas ya desarticuladas habían expulsado a sus beneficiarios para convertirlas en guaridas.