La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) mantiene abiertas diligencias informativas para conocer el estado de "recuperación ambiental" y el nivel de "residuos" en los parajes de la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), sobre los que cayeron en enero de 1966 dos bombas termonucleares procedentes de un B-52 de EEUU que chocó en pleno vuelo con otra aeronave procedente de la base aérea de Morón (Sevilla).
El fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha solicitado informes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y Junta de Andalucía con el fin de conocer qué se ha hecho y se está haciendo por la restauración, así como "la existencia de posibles residuos", según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
Por el momento, el único de los tres organismos que ha dado respuesta al requerimiento ha sido el Ciemat, por lo que se está a la espera de que remitan los suyos tanto Junta de Andalucía como CSN.
Las diligencias informativas incoadas por la Fiscalía con fecha 7 de julio no se dirigen a determinar responsabilidades penales, según han precisado las mismas fuentes aunque la denuncia de Ecologistas en Acción que dio lugar a su apertura sí solicitaba que se "depurasen" entre los que habrían "permitido la existencia durante medio siglo de un cementerio nuclear al aire libre".
El colectivo conservacionista interesaba, incluso, que se citase al presidente del CNS para que explicase porqué este organismo "no avisó hace cincuenta años del peligro que supone remover tierras contaminadas", así como el porqué de que el Plan de Rehabilitación de Palomares "esté parado desde hace cinco años", y también que se investigase a los miembros de los diferentes gobiernos desde 1966.
50.000 METROS CÚBICOS
La denuncia indicaba que, en 1966, los estadounidenses hicieron "sólo una limpieza publicitaria" y señalaba que, de los nueve kilos de plutonio que cayeron sobre Palomares, "sólo se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur, EEUU) un 3 por ciento, lo que se traduce en un total 1.000 metros cúbicos de tierra contaminada". Recordaba, en esta línea, que "ahora el Ciemat reconoce que hay que limpiar 50.000 metros cúbicos más".
Hacía alusión, asimismo, en su cronología, a que el 13 de agosto de 1968, el presidente de la Junta de Energía Nuclear envió una carta al entonces ministro de Industria en la que aseguraba: "No se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio".
"Todos los responsables de la Junta de Energía Nuclear, el Ciemat, el CSN, y los sucesivos gobiernos de la dictadura y de la democracia sabían desde el principio que la mayoría de los nueve kilos de plutonio continuaban esparcidos por Palomares pero, a pesar de saberlo, han negado su existencia y han permitido durante más de cuarenta años que los agricultores y obreros de la construcción pongan en peligro sus vidas levantando al aire tierras contaminadas de plutonio", sostenía el colectivo en su escrito.
EXÁMENES MÉDICOS Y CONTROLES DE BIOELIMINACIÓN
La denuncia criticaba, en esta línea, que el Ciemat se haya "limitado" a medir el aumento de la radiactividad cuando se removían las tierras, "sin avisar a los afectados del peligro que corrían, todo para mantener el secreto y no perjudicar al turismo y a la agricultura". "Han dado más valor a la economía que a la salud de las personas", apuntilla.
Este organismo volvió a abrir plazo el pasado mes mayo para que los vecinos de la pedanía de Palomares se sometiesen a los exámenes médicos y a controles de bioeliminación del programa de seguimiento de la salud, voluntario desde 2004, pero que se puso en marcha con carácter obligatorio en 1966. Esta parte del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental y de la Población de Palomares, aprobada en Consejo de Ministros en 2004, se dirige a vecinos que acrediten que trabajan o viven en la zona desde hace, al menos, más de un año en la pedanía cuevana.
Así, ha efectuado una supervisión continua de las personas y del medioambiente de la zona de Palomares mediante un acuerdo entre España y Estados Unidos desde 1966 hasta 2009, si bien desde esta fecha se realiza únicamente con el soporte económico del organismo español. Anualmente se controla el estado de salud y la posible contaminación interna de aproximadamente a una media de 150 personas, a quienes se somete a exámenes médicos y de dosimetría interna por bioeliminación, esto es, orina excretada en 24 horas.
ÚLTIMA RESPUESTA DEL GOBIERNO
En una respuesta parlamentaria remitida al portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, también el pasado mes de mayo, con el objetivo de saber cuándo piensa el Ejecutivo adoptar las medidas oportunas para la descontaminación total y definitiva de Palomares, el Gobierno justificó que se esté demorando un acuerdo con Estados Unidos.
En su texto, Centella incidía en que los alrededores de estas localidades "necesitan ser descontaminadas radiológicamente de plutonio y americio" ya que se trata de dos elementos "extremadamente radiactivos concentrados en cuatro parcelas de casi 20 hectáreas".
El Ejecutivo recordó al portavoz de la Izquierda Plural que durante su visita a España en 2010, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó constituir un grupo de trabajo a nivel federal estadounidense para considerar las demandas españolas sobre la descontaminación de Palomares.