La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dejado este jueves visto para sentencia, el juicio derivado de la impugnación colectiva del expediente de regulación de empleo (ERE) acometido en 2014 por Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), como sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. Durante la sesión, los trabajadores han reclamado la nulidad de los despidos, toda vez que Estados Unidos no se ha personado pese a que la demanda cargaba también en su contra.
Hablamos de la causa que reside en la sala de lo Social del Alto Tribunal andaluz, por la impugnación del tercer expediente de regulación de empleo acometido por la sociedad estadounidense que gestionaba hasta marzo de este año los servicios civiles de la base aérea de Morón, cuyo uso comparten España y Estados Unidos.
Los 55 trabajadores despedidos en septiembre de 2014 mediante este ERE recurrieron el procedimiento reclamando la nulidad de sus despidos, sobre todo a cuenta de la creciente actividad militar de esta base de uso conjunto.
CRECE LA ACTIVIDAD MILITAR EN MORÓN
El incremento de la actividad militar en la base es tal, que España y Estados Unidos han firmado una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pase de los aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves que acoge actualmente mediante prórrogas anuales, a un despliegue permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves. Además, la enmienda aumenta hasta los 800 efectivos y 14 aeronaves el límite para despliegues temporales, de modo que la base sevillana podrá acoger hasta 3.000 militares estadounidenses en momentos puntuales.
La plantilla, por eso, reclama que la transformación de la base en sede permanente de las fuerzas militares estadounidenses de intervención en África y la ampliación del contingente americano traigan consigo la readmisión de los trabajadores despedidos y la equiparación de las condiciones de la plantilla con las de los trabajadores de Rota (Cádiz) y del resto de bases estadounidenses en Europa, lo que implica su transformación en "personal laboral local".
De cualquier modo, José Armando Rodríguez (UGT), presidente del comité de empresa, ha informado a Europa Press que la sala de lo Social del TSJA ha dejado "visto para sentencia" el juicio de la impugnación colectiva del ERE de 2014, en el que la representación de los 55 despedidos ha solicitado la "nulidad" de tales despidos, esgrimiendo precisamente la creciente actividad del recinto militar.
ESTADOS UNIDOS ALEGA "INMUNIDAD"
Dado que la Embajada de Estados Unidos en España había trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, ante este procedimiento judicial, que su gobierno, sus fuerzas armadas y entidades "no están sujetos a procedimientos ante los tribunales españoles promovidos por empleados de contratistas o concesionarias" relacionadas con EEUU, Estados Unidos "no se ha personado" en la vista oral, alegando "inmunidad de jurisdicción" y "defectos de forma", según José Armando Rodríguez, quien explica que de todas maneras los afectados han mantenido a Estados Unidos dentro de su demanda.
En el mencionado escrito, recogido por Europa Press, Estados Unidos alegaba que la documentación no le fue notificada "conforme al derecho internacional", es decir "mediante cauces diplomáticos" y con un plazo de 60 días antes de la comparecencia. Pero además de avisar de este "defecto de forma y plazo", la Embajada de Estados Unidos en España exponía que merced al convenio firmado entre Estados Unidos y España en materia de Defensa, "el Gobierno de Estados Unidos, sus fuerzas armadas, sus organizaciones, unidades, agencias o dependencias no están sujetos a los procedimientos ante los tribunales españoles promovidos por los empleados de contratistas o de concesionarios que efectúan trabajos en España para las fuerzas de Estados Unidos".
"Somos optimistas", ha dicho de cualquier modo el presidente del comité de empresa tras la celebración del juicio, fruto del cual debe emanar una sentencia.