La autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad con cargos para 74 detenidos en la operación en la que agentes de la Policía Nacional, junto con funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, han desmantelado un supuesto entramado empresarial que supuestamente ha defraudado más de 700.000 euros a la Seguridad Social, y que estaba centrado principalmente en Córdoba y provincia.
Según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, todos los detenidos han quedado en libertad con cargos, salvo el presunto cabecilla de la trama que ya estaba en la cárcel cumpliendo una pena por la supuesta comisión de otro delito de carácter socio-económico, concretamente un delito de estafa.
Además, han precisado que se han desmantelado seis empresas "ficticias" con sus sedes sociales en la localidad cordobesa de Lucena, que estaban "enfocadas para la construcción de urbanizaciones", donde los contratos de los hombres estaban destinados a la construcción y las mujeres para servicios de limpieza, aunque señalan que "ninguno jamás llegó a trabajar en las empresas, porque era todo una falsa para cobrar subsidios o regularizar su situación en España".
Según explicó el sábado la Policía, la operación se inició a mediados del pasado año, en virtud del convenio de colaboración existente entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, tras detectarse una anomalía en la documentación presentada por una ciudadana extranjera, nacional de Rumanía, que acreditaba haber trabajado para varias empresas en un corto periodo de tiempo, logrando así haber acumulado los días de cotización necesarios para ser beneficiaria de las pertinentes prestaciones públicas por desempleo.
Conforme avanzaba la investigación, los agentes comprobaron que las referidas empresas se habían creado "de forma ficticia, con la única finalidad de contratar virtualmente a trabajadores, que a su vez utilizaban los contratos para posteriormente adquirir prestaciones públicas y subsidios por desempleo o, incluso, para que ciudadanos extranjeros pudieran regularizar su situación administrativa" en España, todo ello "de manera fraudulenta".
REGULARIZAR LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
En concreto, las fuentes han apuntado que "la mitad de los contratos era para conseguir las prestaciones por desempleo", mientras que la otra mitad, "para regularizar su situación en España y llevarse la prestación", entre ellas personas de Marruecos, Argelia, Colombia y Senegal, entre otros países.
Gracias a la investigación conjunta, los agentes consiguieron "indicios sólidos y razonables" de que el cabecilla de la organización, coordinaba esta red de mercantiles enfocada a la "venta a la carta de contratos de trabajo" a terceras personas, "conocedoras de la falsedad de los contratos", por unos 800 euros aproximadamente, "exigiéndoles incluso a sus supuestos trabajadores un tanto por ciento de las prestaciones fraudulentas que conseguían", según la Policía.
Por todo ello, los investigadores han identificado a todos los presuntos implicados en la trama delictiva, de manera que desde el pasado mes de julio hasta la actualidad han detenido a 75 personas --supuestos trabajadores-- e imputado a otras 32, residentes la mayoría de ellos en Córdoba, principalmente en la zona de la Campiña, si bien algunos de los detenidos residían en otras ciudades españolas como Palma de Mallorca, Málaga, Gerona o Madrid.
El supuesto fraude detectado "supera ampliamente" los 700.000 euros, teniendo en cuenta las prestaciones y subsidios públicos cobrados fraudulentamente por presuntos trabajadores, cuotas de seguros impagados y deudas a la Seguridad Social. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, aunque ya se ha realizado la mayor parte de ellas, destacan las fuentes.
