Un juez mexicano ordenó liberar a cuatro militares implicados en la muerte de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, en el central Estado de México, ocurrida el 30 de junio de 2014, resolución que la fiscalía anunció que va a impugnar.
Una fuente judicial dijo a Efe que el juez determinó que hay elementos suficientes para dejar sin efecto el auto de formal prisión emitido en su contra en noviembre pasado, ya que en la audiencia el Ministerio Público de la Federación (MPF) no fue claro a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados.
Tampoco conocieron con precisión quién los señalaba como responsables de la matanza de civiles tras un tiroteo en el que, según la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), murieron 14 personas y las 8 restantes, algunas heridas, fueron asesinadas por los militares.
La fuente consultada indicó que en dicha audiencia se violentó su adecuada defensa, por lo que los cuatro acusados, recluidos en una prisión castrense, podrían salir en libertad en los próximos días.
La libertad no se ha hecho efectiva todavía ya que los acusados están sujetos también a un juicio militar por otros delitos distintos al de homicidio y aún no han solicitado su excarcelación.
Aunque en un principio el Ejército informó de que los 22 civiles habían muerto durante el enfrentamiento derivado de un ataque a los soldados, esta versión quedó en evidencia tras un reportaje periodístico en el que una testigo acusaba a los militares.
La testigo aseguró, y confirmó después a la fiscalía, que sólo uno de los presuntos delincuentes había muerto en el tiroteo y los demás habían sido asesinados por los militares tras rendirse.
Por este caso fueron detenidos ocho militares, aunque uno quedó en libertad porque se demostró que había sido herido y nunca llegó a entrar en la bodega en la que se produjeron las muertes.
Después de la orden de libertad a estos cuatro miembros del Ejército, son tres más los que todavía tendrán que ser juzgados por el fuero civil.
El juez federal, agregó la fuente a Efe, estipuló también que hay un conflicto de interés ya que la abogada de los militares tiene una cercanía con uno de los acusados, por lo que no se está llevando una defensa adecuada para los demás.
La decisión de liberarlos puede ser recurrida por el MPF, agregó la fuente, aunque el recurso de apelación no suspende los efectos de la orden de liberación, por lo que los cuatro podrían dejar la prisión en los próximos días.
Juan Velázquez, abogado asesor del caso, confirmó este lunes a Efe la decisión del juez, que se produjo el viernes, y opinó que "esta apelación estaría condenada a fracasar" ya que "no hay un solo juez que en un caso como éste no emita una resolución absolutamente sustentada".
En su opinión, si los han puesto en libertad "es porque no hay una sola prueba de la responsabilidad de los militares" ya que, denunció, los testimonios de la mujer y de otras dos testigos son contradictorios y cambiantes.
Pese a esto, la fuente judicial precisó que no se ha emitido esta resolución con base en los testimonios o pruebas, sino sólo teniendo en cuenta los procedimientos que siguió el Ministerio Público.
Velázquez opinó que los militares fueron detenidos "desgraciadamente porque en nuestro país primero se apresa y luego se averigua, especialmente si hay una presión mediática".
La PGR, instancia que ejerce el Ministerio Público de la Federación, indicó en un comunicado que "tomó conocimiento de la resolución del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal".
Afirmó que la resolución, relativa "al auto de libertad en favor de cuatro personas, así como el auto de formal prisión por delitos diversos en contra de otras tres, implicadas todas ellas en los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya el 30 de junio de 2014", fue acatada en sus términos.
"Sin embargo, esta representación social, haciendo uso de los instrumentos legales necesarios contenidos en el marco jurídico, interpondrá el recurso de apelación correspondiente", apuntó.
Añadió que el Ministerio Público "seguirá aportando los elementos de prueba suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable o plena responsabilidad de las personas involucradas, según sea el caso, en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales".