Esta es una cronología del accidente y los hechos posteriores, así como del procedimiento judicial por los errores cometidos al identificar los cuerpos de los militares fallecidos:
2003
26 de mayo: El Yakovlev 42 se estrella cerca del aeropuerto de Trebisonda (Turquía) y causa la muerte de 75 personas, entre ellas 62 militares españoles, que volvían de una misión militar en Afganistán.
31 de octubre: La Asociación de Familias de Víctimas presenta una denuncia en la Audiencia Nacional.
13 de noviembre: La juez Teresa Palacios rechaza la demanda de los familiares porque los hechos se produjeron fuera de España.
2004
25 de junio: Se comprueban, al menos, 22 errores en la identificación de los militares muertos.
15 de julio: La sala de lo penal de la Audiencia Nacional declara la competencia de este tribunal para investigar el accidente.
1 de septiembre: El Instituto Nacional de Toxicología declara erróneas las 30 identificaciones realizadas por el equipo médico español.
3 de septiembre: El Tribunal Supremo archiva dos querellas contra el ex ministro de Defensa Federico Trillo, al considerar que ya se sigue una causa penal por el accidente en la Audiencia Nacional.
15 de noviembre: El jefe del equipo médico que firmó las identificaciones de las víctimas, el general Vicente Navarro, asume ante la juez toda la responsabilidad de las identificaciones.
2005
11 de enero: El forense de la Audiencia Nacional identifica los cadáveres de los 62 españoles fallecidos.
27 de enero: Los familiares de 21 de los fallecidos cuyos restos fueron mal identificados (en total fueron 30 aunque nueve de ellos habían sido incinerados con anterioridad) recogen sus restos y celebran una misa-funeral en el cementerio de la Almudena (Madrid).
18 de noviembre: El informe final de la Comisión Internacional de Investigación revela que las causas del siniestro fueron el cansancio de la tripulación y deficiencias en el mantenimiento del avión.
2007
1 de junio: El juez Fernando Grande-Marlaska archiva la investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación del avión, aunque mantiene abierta la causa que investiga los supuestos errores en la identificación de los cadáveres.
22 de noviembre: Grande-Marlaska archiva también la causa relativa a las irregularidades en las identificaciones. El fiscal y la Asociación de Familiares recurren el archivo.
2008
22 de enero: La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obliga al juez a reabrir la investigación sobre la identificación de los cadáveres.
24 de enero: Grande Marlaska cita a los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono a declarar como testigos.
17 de marzo: En su declaración por escrito, Trillo sostiene que no tuvo responsabilidad en la contratación del avión porque esa tarea corresponde al Estado Mayor de la Defensa; por lo que el entonces presidente del Gobierno José María Aznar le pidió que siguiera en su cargo cuando le mostró su disposición a dimitir.
14 de abril: José Bono declara ante el juez que "probablemente" alguna de las 18 quejas sobre fallos en la seguridad de los vuelos contratados para el traslado de tropas que recibió el Estado Mayor de la Defensa llegara al gabinete de Trillo.
19 de mayo: La Fiscalía de la Audiencia Nacional imputa a cinco ex altos cargos del Ministerio de Defensa.
23 de mayo: El juez decide no imputar a Federico Trillo al no encontrar indicios contra él.
8 de julio: Grande-Marlaska dicta la apertura del juicio oral de la causa sobre la identificación de los militares fallecidos.
2009
11 de marzo: La Audiencia Nacional rechaza la comparecencia como testigos de José María Aznar, Federico Trillo y José Bono en el juicio.
24 de marzo: Comienza el juicio por las identificaciones erróneas de 30 de los fallecidos, con tres militares en el banquillo: el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, para los que se piden penas de hasta 5 años de cárcel.
Los tres acusados niegan haber recibido presiones para realizar una repatriación urgente de los cadáveres, aunque el general Navarro admite errores en la entrega de los cuerpos y atribuye a los forenses turcos los problemas con la gestión de los cadáveres.
25 de marzo: Varios testigos -entre ellos el general José Antonio Beltrán, que coordinó la recuperación de los 62 cadáveres- declaran que Defensa quería repatriar los cadáveres "cuanto antes", pese a que conocía que 30 de los cuerpos no habían sido identificados.
26 de marzo: Los testimonios, entre lágrimas, de familiares de los fallecidos protagonizan una nueva sesión del juicio, en la que el general Félix Sanz -jefe de Estado Mayor de la Defensa un año después del siniestro-, revela que el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), Luis Alejandre, le dijo que la cúpula militar propuso a Defensa no entregar a las familias los cuerpos no identificados.
27 de marzo: La Fiscalía pide al tribunal que admita el testimonio del que fuera número tres del ex ministro de Defensa, Federico Trillo, cuando ocurrió el siniestro: el entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte.
30 de marzo: Se reanuda el juicio con la declaración de Francisco Javier González, hermano del capitán Ignacio González, muerto en el accidente, que afirma que los responsables políticos de Defensa ocultaron toda la información y les trataron con "muchísimo desprecio".
El equipo de forenses encargado de la identificación correcta de los 30 militares fallecidos, explica que en algunos féretros se encontraron restos de hasta tres personas distintas.
31 de marzo: El ex jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), Luis Alejandre, afirma que el funeral de Estado, que se ofició el 28 de mayo, se decidió en el Ministerio de Defensa el día anterior, en una reunión presidida por Federico Trillo, sin conocer los detalles sobre la identificación de los cadáveres.
El tribunal rechaza la declaración de Javier Jiménez Ugarte, solicitada por el fiscal.
15 de abril: Dos de los forenses turcos que participaron en la identificación de los cuerpos aseguran que los militares españoles, con el general Vicente Navarro al mando, insistieron en repatriar a España los 30 cadáveres sin identificar, porque tenían que llegar al funeral de Estado. Uno de estos médicos dice que notó una actitud rara en Navarro, que "estaba en condiciones, consciente, pero olía a alcohol".
La Fiscalía eleva a definitivas sus conclusiones y pide 5 años de cárcel para el general Vicente Navarro y 4 años y medio para José Ramírez y Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental.
20 de abril: En su informe final, las acusaciones que ejercen las familias de las víctimas piden que se investigue quienes fueron los "autores intelectuales" de las órdenes que provocaron las identificaciones erróneas y solicitan 6 años de prisión para los tres acusados.
21 de abril: El juicio queda visto para sentencia, después de que el principal acusado, el general de Sanidad Vicente Navarro, en su turno de última palabra, vuelva a declarar su inocencia y a asegurar que intentó "dulcificar" las circunstancias de la muerte a los familiares.
19 de mayo: La Audiencia Nacional condena a 3 años de prisión al general Vicente Navarro, como autor de un delito de falsedad documental, y a un año y medio de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez, al considerarles "cómplices" del primero.
La sentencia impone también una pena de dos años de inhabilitación a Navarro y considera al Ministerio de Defensa responsable civil subsidiario.
