La Fiscalía Provincial de Granada ha denunciado al alcalde en funciones de Dúrcal (Granada), José Manuel Pazo Haro (PP), por un posible delito de prevaricación por no actuar contra establecimientos de restauración abiertos al público sin contar con licencia, haciendo "caso omiso" a las "numerosas" denuncias presentadas por la Policía Local a este respecto.
En el decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, se expone que los hechos se remontan a julio de 2014, cuando los agentes de la Policía Local que han dado origen a esta denuncia comprueban que varios establecimientos están ejerciendo sin licencia municipal, hecho que supone la apertura de un expediente y que ponen en conocimiento del alcalde.
Ya en octubre de ese mismo año, y dado que estos locales mantenían su actividad habitual, se solicitó al regidor información sobre el expediente abierto sin que se ofreciera "contestación" ni existiera constancia de que el Ayuntamiento había abierto ningún tipo de expediente sancionador contra los establecimientos.
Tras examinar la documentación aportada, entre la que se incluye un atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el Ministerio Público mantiene que el regidor "de manera arbitraria, caprichosa e injustificada, al menos desde diciembre de 2012, ha venido omitiendo el deber de tramitar las denuncias presentadas por la Policía Local de la localidad de Dúrcal dejando de incoar los correspondientes expedientes sancionadores, siendo conocedor de dicha obligación", según consta en el decreto, que avanza este miércoles el diario 'Ideal'.
Además, del informe remitido por la Guardia Civil se desprende que el denunciado, en su calidad de alcalde, "ha hecho caso omiso no sólo a las denuncias remitidas por la Policía respecto a la realización de actividades en establecimientos abiertos al público sin contar con licencia municipal de apertura, sino también respecto a la tramitación de la solicitud de apertura" de uno de los locales comerciales.
La Fiscalía subraya que los hechos se producen precisamente a partir del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 de diciembre de 2012 en la que se acuerda la clausura de la actividad de uno de los establecimientos. Es a partir de ese momento, "que el denunciado no da trámite a ninguna de las denuncias presentadas pese a la reiterada insistencia de la Policía Local del incumplimiento de las resoluciones acordadas".