Al margen del vertido inicial, el poder contaminante de los restos y carga que yacen en el lecho marino “todavía no ha sido evaluado y cada poco tiempo surgen noticias sobre los mecanismos para extraer la parte del casco y la carga sumergidas, pero la única realidad es que seguimos contando con un potencial riesgo medioambiental importante que el Gobierno de nuestro país, el principal afectado por este hundimiento por afectar directamente a aguas indiscutiblemente españolas, no debería permitir”. Para Landaluce la solución es “coger el toro por los cuernos”, asumiendo la presión ante la empresa aseguradora para que retire los restos.
Con relación a la inclusión de las aguas que rodean Gibraltar como zona de interés comunitario (LIC) bajo responsabilidad española, Landaluce declaraba ayer que esta decisión de la Unión Europea apunta directamente a España como responsable de lo que ocurra en estas aguas. “De esta forma”, insiste, “el Gobierno español probablemente esté protagonizando una dejación de funciones en todo lo que rodea al rescate y extracción de la carga y casco del New Flame”. Landaluce reclama al Ejecutivo que ponga todos los mecanismos a su alcance para que el recurso que pretende plantear Gibraltar en el tema de las aguas no prospere.
Landaluce concluyó informando de la presentación de una serie de interpelaciones parlamentaria en las comisiones de Medio Ambiente y Exteriores del Congreso de los Diputados para recabar información del Ejecutivo sobre las medidas que piensa adoptar en base a la decisión de la UE y si considera que está actuando correctamente dejando en manos de Gibraltar la responsabilidad de las tareas de extracción de la carga y casco del New Flame de las aguas de la Bahía de Algeciras.
Oposición
Por su parte, la oposición socialista liberal del Peñón también reaccionaba ayer sobre el tema de las aguas, subrayando “el paso de las palabras a la acción” que había dado España en su reclamación de la soberanía de “nuestras aguas” con la incursión del buque de la armada.
Para la coalición, el hecho de que la operación naval española fuera dirigida en “aguas de Gibraltar es totalmente inaceptable”.
Este último incidente es para los socialistas y liberales un claro ejemplo de la continuada campaña por parte del Gobierno español y de sus agencias, diseñada para minar la soberanía británica de las aguas que rodean al Peñón. “A pesar de que España ha mantenido tradicionalmente el ridículo argumento de que Gibraltar no tiene aguas, nunca ha retado la soberanía británica activamente, actuando como si las aguas fueran españolas”, matiza la oposición.
Recuerda asimismo la inclusión de todas las aguas limítrofes de Gibraltar como si fueran españolas en una directiva de la Unión Europea, y la aceptación de este hecho por parte de la Comisión Europea. También hace mención en sus declaraciones la coalición al incidente ocurrido hace unas semanas cuando “una patrullera de la Royal Navy tuvo que ordenar a una lancha de la Guardia Civil que abandonara las aguas de Gibraltar cuando los agentes se negaron a decir qué hacían en la zona”.
El último incidente sin embargo, ha sido catalogado por la oposición como “el más serio que ninguno que haya ocurrido antes”, añadiendo que “representa un reto frontal a la soberanía, jurisdicción y control británico de las aguas territoriales de Gibraltar y por lo tanto el Reino Unido no debe sólo responder a España sino obtener garantías de Madrid de que no ocurrirá de nuevo”.
