El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha acusado este jueves al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, de "envolverse en un victimismo" que, además de faltar el respeto a las instituciones, lo que pretende es "desviar la atención".
Catalá se ha expresado así, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, después de que Mas haya afirmado sentirse objeto de "caza mayor" por la operación de la Guardia Civil este miércoles en la sede de su partido. En la operación, ordenada por el juzgado del El Vendrell (Tarragona) que investiga el cobro de comisiones a cambio de obras --la llamada causa 'del 3%'-- fueron detenido el tesorero de CDC, Andru Viloca, y el director de Infraesrtuctures.cat, Josep Antoni Rosell.
Catalá se ha limitado a señalar que los jueces llevan a cabo investigaciones con total independencia, miles de sumarios cada día, y en ocasiones piden ayuda a la Policía Judicial. Ha añadido que este es un caso complejo, con muchos detenidos y varios delitos, y ha confiado en que la investigación finalice cuanto antes.
De hecho, ha aprovechado para defender la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar las investigaciones, que ha sido criticada por los fiscales porque acorta los plazos de instrucción.
Respecto a las consecuencias políticas de la operación, Catalá se ha limitado a señalar que hay un escenario de "gobernabilidad complicada" porque Mas "estaba haciéndole ojitos a la CUP", cuyos votos en el Parlamento necesita para ser investido presidente, pero "la CUP dice que con partidos cercanos a la corrupción no piensa hacer nada", así que "se le ha caído la estrategia".
IR A ELECCIONES SERÍA UNA "MALA NOTICIA"
Con todo, cree que convocar una nuevas elecciones sería una "mala noticia" porque los ciudadanos van a terminar "hartos" de tanto proceso electoral, así que ha pedido a "quienes han trabajado por la ruptura" que se ocupen de resolver los problemas de los ciudadanos, no de generar más enfrentamientos.
Respecto a la consulta del 9N --por cuya organización Mas ha declarado como imputado--, el ministro ha opinado que tal vez faltó entonces "dotar al Tribunal Constitucional de más fuerza para hacer ejecutivas sus resoluciones", es decir, en la línea de la reforma recién aprobada.
Catalá ha recalcado que aunque las Cortes Generales se disuelvan a partir del próximo lunes no hay ningún vacío de poder, sino que sigue habiendo un Gobierno, una Diputación Permanente y un Tribunal Constitucional que pueden actuar en caso de que el nuevo Parlamento catalán hiciese una declaración de independencia. En tal caso, ha dicho, se podrá acudir al TC o a los tribunales ordinarios.
Así, ha detallado que la reforma del TC que permite al propio tribunal hacer ejecutivas sus resoluciones detalla los pasos a seguir y, en caso de incumplimiento, es posible aplicar sanciones económicas o "obligar" a la persona en cuestión a través de las vías de ejecución subsidiaria de otras administraciones.
A Artur Mas, ha dicho, se le obliga "por los métodos coercitivos del Estado de Derecho", ya que es un ciudadano normal en el sentido de que está sometido a las leyes.
"Cuando alguien se declara en rebeldía... Si no pago impuestos me embargarán las cuentas", ha puesto como ejemplo, recordando que también es posible la inhabilitación o la actuación de las fuerzas de seguridad, que están "al servicio de todos los ciudadanos", porque apelar a que no se cumplan las leyes va contra los principios básicos de la democracia.
