Aceras en las que hay que ir sorteando los “regalitos”, parques donde sentarse en el césped es misión arriesgada. Málaga no puede presumir de aceras libres de excrementos. Ni las campañas promovidas desde el Ayuntamiento ni el temor a las multas, han logrado que los dueños incívicos se lo piensen dos veces antes de dejar las cacas en la vía pública. La última estrategia pasa por elaborar un censo canino obligatorio, un sistema que colectivos como Málaga Perruna ponen en cuarentena: “Algunos estamos tan hartos que ya tenemos el teléfono en la mano para saber cuándo podremos regalar 36 euros por cola al Ayuntamiento con tal de que nos dejen en paz y de que, con suerte, pillen al cerdo que nos hace avergonzarnos sin tener por qué”, explican.
Esa caca no es mía
¿Será capaz el Ayuntamiento de que todos los dueños identifiquen a su can? “El problema, una vez más, es que pagaremos justos por pecadores, pero visto desde cierta perspectiva, nos ofrece la seguridad de defender la tantas veces dicha ‘esa caca no es mía’”, apuntan con la experanza de que la medida no caiga en saco roto y libere de ‘pagar los platos rotos’ a los que religiosamente cumplen con la bolsita a la papelera.
Un ‘CSI’ que vigile parques y aceras
A partir de la entrada en vigor de la modificación de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales en Málaga, los propietarios de perros dispondrán de un plazo de seis meses para realizar la identificación de su mascota. El Consistorio incluirá en su presupuesto una partida -aún sin definir- para costear la operación a personas sin medios económicos. El veterinario entregará al propietario un carnet identificativo y una chapa para el collar que probará que está dentro del censo canino.
Una vez que concluya el plazo, las muestras procedentes de excrementos abandonados en la calle podrán ser recogidas por personal municipal para identificar al animal. Un análisis que se calcula podría costar unos 18 euros. La sanción por incumplir la ordenanza, tras la entrada en vigor del sistema, puede llegar a alcanzar un máximo de 500 euros.