El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández (IU-CA), ha celebrado que el Juzgado de Instrucción número tres haya archivado la investigación incoada sobre la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, explicando que en las últimas 24 horas ha recibido más de 1.700 mensajes vía WhatsApp en los que los vecinos del municipio festejaban la medida y solicitaban información sobre cómo acceder a las oportunidades de empleo o negocio relacionadas con el proyecto.
Aunque en el municipio la decisión de la juez Patricia Fernández Franco no ha sido sorpresiva dada la evolución de la investigación penal en los últimos tiempos, el alcalde ha constatado que el archivo provisional de las actuaciones judiciales ha desencadenado una "revolución" en Aznalcóllar. Como ejemplo, ha manifestado que en su teléfono móvil ha recibido unos 1.700 mensajes de WhatsApp en los que los vecinos celebraban el archivo de la causa o preguntaban ya sobre cómo acceder a las oportunidades de empleo o negocio derivadas de la reapertura del yacimiento minero.
"Estamos deseando que llegue ya la empresa, se instale, se asiente y comience a pedir los currículum", ha manifestado el alcalde, quien además explica que el municipio debe prepararse "para lo que va a venir". Al respecto, ha concretado que junto al resto de administraciones, espera promover acciones de "formación" para que los vecinos cuenten con preparación para poder aspirar a puestos de empleo relacionados con el proyecto minero y para contar con "viviendas" suficientes para las personas que se reubiquen en el municipio a cuenta de la reapertura de la mina, que además necesitará "suelos" adicionales para actividades complementarias.
"Es un día de celebración y alegría", ha enfatizado Juan José Fernández, quien ha manifestado que el Ayuntamiento se ha puesto "a disposición" de la agrupación empresarial México/Minorbis, adjudicataria de los derechos de explotación del yacimiento minero, para comenzar a preparar el desembarco de la empresa en el municipio.
LA MINA DE AZNALCÓLLAR
La causa derivaba de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.
Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.
Merced a dicha denuncia, la juez Patricia Fernández Franco apreciaba "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación y ordenaba tomar declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asencio, dado que entendía que la Administración andaluza no se habría atenido "al más mínimo rigor" a la hora de adjudicar los derechos de explotación de la mina.
El Gobierno andaluz, de su lado, esgrimía un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que defiende que el procedimiento de adjudicación "se ha ajustado a derecho", estando regido por la legislación minera y la Ley de Contratos Públicos. El informe, entre otros aspectos, expone el "cumplimiento de los trámites" obligados para un concurso de esta naturaleza, toda vez que un informe paralelo de los servicios jurídicos de la Junta avala también la adjudicación.
LA SUSPENSIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
No obstante, el Gobierno andaluz decidió suspender la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a la espera de que se esclareciese el asunto y, a tal efecto, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la administración andaluza suspendió de modo "eventual" la mencionada adjudicación, precisamente por la causa judicial en curso.
Durante la investigación, la juez imputó en la causa por un presunto delito de prevaricación a siete personas, entre ellas la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, cesada por tal motivo, la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta, y el interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos.
Pero finalmente, la juez ha ordenado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, porque "deberá ser la jurisdicción contencioso-administrativa la que resuelva los aspectos que son objeto de impugnación por las acusaciones". A juicio de la juez, que ha instruido no pocas diligencias, "el procedimiento observado ha sido el correcto" y no se puede apreciar que se haya cometido un delito de prevaricación.