Costa del Sol Sí Puede, presentará una moción al pleno del Ayuntamiento para que el municipio se declare en contra de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), más conocido como TTIP. Este acuerdo es una propuesta de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. El grupo municipal considera que esta negociación permitiría un aumento del poder de las grandes empresas y desregularizaría los mercados rebajando los niveles de protección social y medioambiental de forma drástica. Así, se limitaría la capacidad de los gobiernos para legislar en beneficio de los ciudadanos, como el poder de los trabajadores en favor de los empresarios.
Por tanto, desde esta formación, defienden tanto la capacidad de los gobiernos de regular, como los derechos de los ciudadanos relativos al acceso a los servicios básicos como el agua, la salud y la energía, y que no se vean sometidos a los poderes corporativos ni a las grandes empresas, que solo buscan el beneficio económico de sus inversores.
Según José Piña, portavoz del grupo municipal, “fue precisamente un exdirector general adjunto de la Dirección General de Comercio de la UE, Pierre Defraigne, quien habló de la complicidad sistemática entre la Comisión que negocia este acuerdo y los círculos empresariales. Este señor no puede ser acusado de ser precisamente un “bolivariano”. Por tanto, no podemos aceptar un acuerdo que se negocia de espaldas a los ciudadanos y que va en contra de los intereses de todos y todas”.
Uno de los aspectos más polémicos de este acuerdo, es el mecanismo de solución de controversias entre los inversores y el Estado (ISDS por sus siglas en inglés), por el cual miles de empresas de Estados Unidos, Canadá y la UE podrían demandar a los Estados miembros por los cambios en los reglamentos dentro del sector de servicios que disminuyan sus beneficios empresariales, y podrían pedir indemnizaciones multimillonarias en compensaciones. Ya se ha hecho alguna demanda por revocar privatizaciones de agua o limitar sus precios en algunos países.
En este sentido José Piña insiste en que “los acuerdos comerciales como el TTIP ponen en juego nuestro derecho a los servicios esenciales, además de nuestra capacidad para que los servicios se orienten hacia el beneficio de la sociedad. Es curioso como el resto de grupos municipales, que han traído mociones para defender la soberanía del Estado y la Constitución, no se preocupen ahora de un acuerdo tan perjudicial para los vecinos. Fue un europarlamentario español, Ernest Urtasun, (ICV) el que cuenta su experiencia tras acceder a la habitación que custodia los documentos confidenciales del tratado. Él fue obligado a firmar un documento de confidencialidad y tratado como un delincuente o espía, no pudiendo llevar cámaras de fotos ni papel para tomar notas. Un acuerdo secreto, negociado en privado, no garantiza que defienda los intereses de todas las personas”.
