El pleno de la Diputación aprueba por unanimidad apoyar la manifestación contra el proyecto de Fertiberia

El pleno ordinario de la Diputación Provincial de Huelva ha aprobado este miércoles por unanimidad de todos los grupos (PSOE, PP, Ciudadanos e IULV-CA) la moción presentada por este último para que el ente provincial apoye la manifestación respaldada por más de 70 entidades para mostrar su rechazo al proyecto de Fertiberia para la restauración de las balsas de fosfoyesos y la recuperación de la marisma.
   En declaraciones a los periodistas antes del comienzo de la sesión plenaria, el portavoz del equipo de gobierno, el socialista José Luis Ramos, ha dejado claro que la Diputación va a estar "del lado de las asociaciones y de la sociedad de Huelva".
   Por su parte, el portavoz de IULV-CA en la institución, Pedro Jiménez, ha sostenido que Huelva se merece "una restauración de máximos", por lo que ha incidido en la importancia de esta movilización.
   De otro lado, el pleno ordinario de la Diputación de Huelva ha aprobado, con el voto en contra del Partido Popular, sendas mociones del grupo socialista en las que solicita la derogación de la Reforma Laboral y la Reforma Local, impulsadas por el Gobierno central del Partido Popular.
   Junto a estas dos iniciativas aprobadas, los socialistas también presentaban una moción para impulsar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que finalmente se ha convertido en una declaración institucional con el respaldo de todos los grupos políticos con representación en la Diputación.
   La declaración ha sido leída por Marisol Palacios, profesora de la Universidad de Huelva y directora de la Unidad para la Igualdad de Género y del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) de la UHU.
   En la declaración institucional, se señala que los poderes públicos deben implicarse "hasta la extenuación" en el pacto, abordando el problema desde las edades más tempranas de la formación de niños y niñas, dotando a la justicia de los medios necesarios para alcanzar su máxima eficacia, y ampliando el concepto de víctimas, entre otras situaciones, a la explotación sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral o la discriminación al colectivo LGTBI.
   La finalidad de este pacto de Estado es "la erradicación de cualquier forma de violencia de género, eliminando las víctimas mortales de cualquier estadística; el aislamiento de los violentos; y dignificar y recuperar la vida de las víctimas, así como la de sus familiares, transmitiéndoles la esperanza en los nuevos horizontes que se le presentarán en la vida".
OTRAS INICIATIVAS
   En cuanto a las mociones, el pleno ha aprobado con los votos en contra del PP una moción socialista en la que se pide la derogación de la Reforma Local aprobada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El portavoz del equipo de gobierno, José Luis Ramos, ha remarcado que esta Ley "ha puesto en jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años".
   A su juicio, "la reforma priva a las entidades locales de muchas de sus competencias, habiendo sido el mayor ataque a la autonomía local desde la aprobación de la Constitución".
   Esta Ley, según ha apostillado Ramos, "consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones públicas en vez de situar la atención a los ciudadanos y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma".
   En la segunda de las mociones presentadas por el grupo socialista y también aprobada con los votos negativos del PP, se pide la derogación de la Reforma Laboral del año 2002. Según los socialistas, la reforma solo ha traído "más desempleo, menos afiliaciones a la Seguridad Social y menos personas cobrando las prestaciones".
   Para José Luis Ramos, esta reforma "ha devaluado los salarios, ha dejado en clara inferioridad a los trabajadores frente a los empresarios y ha eliminado de un plumazo los convenios colectivos". Además ha añadido que "las facilidades para la flexibilidad interna no han ayudado ni a frenar la destrucción de empleo, ni a la creación de más empleo, ni al que se haya creado haya sido de calidad".
   El pleno ha aprobado por unanimidad las tres mociones presentadas por el grupo de Izquierda Unida. La primera en apoyo a la Manifestación convocada para este jueves 3 de diciembre, contra el Proyecto de Fertiberia y por la recuperación de la marisma; la segunda para la incorporación de la Diputación a la Red de Ciudades libres de tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución, y una tercera, en apoyo a las matronas como profesional sanitario legalmente acreditado, reconocido y cualificado para la atención del embarazo, parto y puerperio.
   En concreto, con esta última moción IU reclama a la Junta de Andalucía que haya más matronas trabajando en los centros de salud de la provincia de Huelva en la que actualmente sólo se cuenta "con diez profesionales de este tipo que prestan servicio a casi 180.000 mujeres, lo que es una cifra completamente insuficiente".
   Además, el pleno ha aprobado también por unanimidad la moción del grupo Popular relativa a la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con la Universidad de Huelva ya que como ha dicho el portavoz del PP en la Diputación, David Toscano, es "necesario" que la administración regional salde con la Onubense la deuda que alcanza "casi los 19 millones de euros".
   Por su parte, la moción de los 'populares' para la adhesión de la Diputación al Pacto contra el terrorismo yihadista ha salido adelante, aunque IU que ha votado en contra.
   Finalmente, las tres iniciativas de Ciudadanos no han salido adelante puesto que todas han contado con el rechazo del grupo socialista, de manera que ni la moción relativa a la sostenibilidad en los establecimientos turísticos, ni la correspondiente a crear un circuito cultural general, ni la última sobre la aplicación de la Ley de Transparencia en los municipios han sido aprobadas.