La juez que investiga el caso de los ERE, María Núñez, ha precisado las nuevas imputaciones en la tercera pieza piloto de su nuevo diseño de la causa, en la que se incluyen trece acusados, cuatro de ellos ex altos cargos de la Junta repetidos en las dos primeras, junto al "conseguidor" Juan Lanzas.
Esta tercera pieza, según un auto al que ha tenido acceso Efe, se refiere a las ayudas concedidas para las perjubilaciones de 24 trabajadores de la empresa sevillana Surcolor-Surcolor Óptica, a la que se añadieron dos intrusos y para lo que la Administración se comprometió a pagar 2,34 millones de euros.
Entre los trece imputados en esta nueva pieza están el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y los ex directores generales Juan Márquez, Francisco Javier Guerrero y Daniel Rivera.
Estos cuatro ex altos cargos también están acusados en las dos piezas anteriores, una sobre el procedimiento específico, que afecta a 52 ex responsables de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y en la de la cooperativa Acyco, con once acusados.
La juez elaboró en noviembre un diseño con seis piezas piloto para que se enjuicien en 2016 y sirvan de pauta para el resto de la instrucción.
Respecto a Surcolor, la juez imputa también al ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y a un concuñado suyo, José Antonio Márquez Sánchez, que en 2006 recibió, sin haber trabajado en la empresa, un total de 6.380 euros y luego 1.300 euros al mes hasta el 31 de enero de 2010, y también se imputa a otro intruso, Manuel López Estradas, que percibió mil euros al mes.
La juez recuerda que, a principios de 2006, el concuñado de Rivas tuvo conocimiento de que la Junta tenía "ciertas ayudas a personas vinculadas al PSOE", tras lo cual hizo las gestiones para cobrarla y finalmente lo consiguió.
También se imputa en esta tercera pieza a los exdirectivos de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, a dos empresarios y a un abogado.