El Congreso y el Senado no tienen capacidad para investigar la veracidad de las actividades o bienes que declaran los parlamentarios ni para tomar medidas contra ellos si no son veraces, como se ha puesto de manifiesto en la pasada legislatura ante casos como los de los 'populares' Francisco Granados, con una cuenta en Suiza, o Pedro Gómez de la Serna, que supuestamente ha cobrado comisiones por asesorar a empresas españolas en el extranjero.
Los nuevos diputados y senadores están completando estos días el papeleo necesario para formar parte de las Cámaras. Entre otras cosas, las declaraciones de sus bienes y del patrimonio que tienen al iniciar la legislatura, y la de sus actividades al margen del Parlamento.
La ley les impide tener otra actividad con sueldo, pero existen excepciones a esta regla general: pueden administrar el patrimonio personal o familiar, siempre que éste no incluya participaciones de más del 10 por ciento en empresas que contraten con el sector público; y pueden tener producción y creación literaria, artística, científica o técnica, así como otras actividades para las que tendrán que contar con una autorización expresa de las respectivas cámaras.
En estas últimas líneas es donde existe margen para que el Congreso y el Senado autoricen otras actividades. La Comisión del Estatuto del Diputado, en la Cámara Baja, y la de Incompatibilidades, en la Alta, son las que revisan los casos de todos los parlamentarios, dando o no su permiso a otra actividad.
Sin embargo, los casos surgidos han llevado a los propios grupos ya en la pasada legislatura a plantear algún cambio en el sistema. Las Cortes tienen que fiarse de los datos que aportan los parlamentarios, se da por supuesta la honorabilidad de sus señorías y la buena fe de sus actuaciones.
CONTROLES Y SANCIONES
En 2014, se conoció que el exsenador Francisco Granados había tenido una cuenta en Suiza, que no figuraba en la declaración de bienes que él había presentado a la Cámara Alta.A raíz de aquello, el PSOE en el Senado pidió estudiar vías para que la institución pudiera constatar la veracidad de las declaraciones siempre que se produzca algún tipo de denuncia, bien por los medios de comunicación o por los ciudadanos en general.
El Grupo Socialista planteaba también que la falsedad en lo declarado, una vez que ha sido constatada por el medio que se establezca, pueda llevar aparejada algún tipo de sanción, que podría ser gradual en función de la naturaleza de la falsedad acreditada.
El PP en el Senado barajó por su parte que los parlamentarios presenten su declaración anual de IRPF y de Patrimonio al mismo tiempo que en Hacienda, como medida de transparencia y contra la corrupción. Sin embargo, ninguna medida se planteó a fondo y nada ha cambiado ante la nueva legislatura.
CONDE, PUJALTE, TRILLO Y DE LA SERNA
Y tampoco ha habido avances en este asunto en el Congreso, donde este año se han dado los casos de los 'populares' Agustín Conde, Vicente Martínez Pujalte y despúes, ya con la Cámara disuelta, en plena campaña electoral, el de Pedro Gómez de la Serna.
La Agencia Tributaria detectó que Martínez-Pujalte y Federico Trillo, actual embajador en Londres, estando en sus escaños, cobraron a través de sus despachos de asesoría por haber realizado labores de "asesoramiento verbal" al Grupo Collosa, una constructora especializada en obra pública y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León.
Casi en paralelo se descubrió que Agustín Conde, no había informado al Congreso de sus labores de asesoría al Banco de Santander ni de que era propietario y administrador de una empresa.
Conde modificó su declaración de bienes para especificar que había dejado de ser administrador de la compañía y, aunque argumentó que no había detallado su relación con la citada entidad bancaria porque entendía que se incluía en las actividades como abogado para las que sí había obtenido la compatibilidad, aportó documentación para aclararla.
La oposición intentó que el Congreso investigase tanto a Martínez-Pujalte como a Conde, pero amparándose en que la Comisión del Estatuto no tiene capacidad para abrir pesquisas para determinar qué uso hacen los diputados de las compatibilidades, el PP frenó la operación y no adoptó medida alguna contra sus diputados.
POSADA, PARTIDARIO DE MÁS CONTROLES
Sin embargo, el partido sí actuó durante la campaña electoral, cuando estalló el último escándalo de este tipo, protagonizado por Pedro Gómez de la Serna, quien, junto con el exdiputado y exembajador en India Gustavo de Arístegui, cobró presuntamente comisiones de empresas españolas a las que ayudó a conseguir contratos en el extranjero.
El PP les abrió un expediente, Arístegui renunció a su cargo y a la militancia en el PP, pero De la Serna desoyó las peticiones de la dirección del partido, se mantuvo como candidato por Segovia en las generales y logró revalidar su escaño. Ahora el PP ha decidido no dejarle integrarse en el Grupo Popular y se verá abocado a irse al Mixto cuando arranque la legislatura.
A raíz del asunto de De la Serna, el propio presidente del Congreso, Jesús Posada, admitió que cuando se vuelva a abordar la reforma del Reglamento del Congreso habría que dotar a la Cámara de un "mayor control" sobre el cumplimiento del régimen de compatibilidades que rige para sus señorías.
