El Gobierno luso podría haber ahorrado hasta 1.000 millones de euros en la liquidación del Banco Internacional do Funchal (Banif) si hubiera obligado a responder por la entidad a los obligacionistas sénior, como le propuso Bruselas.
Según publica este sánbado el semanario luso "Expresso", el BCE envió un correo electrónico al ministro de Finanzas luso, Mário Centeno, en el que recomendaba que en la solución encontrada para el Banif también respondieran por la entidad los inversores con obligaciones sénior, lo que supondría un ahorro de entre 500 y 1.000 millones.
Sin embargo, el Ministerio de Finanzas luso desmintió hoy en un comunicado que la solución propuesta por Bruselas permitiese tal ahorro, "ya que la participación de deuda sénior en la cobertura de pérdidas alcanzaría como máximo 169 millones y cualquier valor superior implicaría la pérdida de depósitos".
El Gobierno luso defendió que implicar a los obligacionistas sénior en la solución para el Banif "pondría en causa la confianza de los inversores y ahorradores en el sistema financiero portugués, con consecuencias nefastas para la estabilidad financiera y el bienestar de los portugueses".
Finalmente, el Ejecutivo decidió liquidar el banco, solución que no afectó a las obligaciones sénior y que implica una inyección pública de cerca de 3.000 millones de euros.
El negocio y los activos saludables de la entidad -entre los que se incluyeron las obligaciones sénior- fueron vendidos al español Banco Santander por 150 millones.
La decisión sobre el Banif contrasta con la anunciada por el Banco de Portugal apenas días después para Novo Banco, la entidad creada tras el colapso del Banco Espírito Santo (BES).
El supervisor luso anunció una recapitalización de la entidad a costa de sus grandes inversores, entre los que se incluyó también a los obligacionistas sénior.
El Parlamento portugués votará el próximo 22 de enero la creación de una comisión para investigar lo ocurrido con el Banif, a semejanza de la que se llevó a cabo con el BES.