El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha dictado una sentencia por la que condena a un año de cárcel y al pago de indemnizaciones de más de 165.000 euros a una mujer, acusada de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, después de que un trabajador de 45 años al que había contratado falleció tras volcar un tractor en un campo de la localidad cordobesa de Adamuz.
Asimismo, la juez impone una pena de tres años de inhabilitación especial para ejercer como representante legal, directora o gestora de empresas agrícolas. También, ha absuelto al hijo de la procesada al considerar que no existen pruebas de cargo contra él "desde el punto de vista técnico".
Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la mañana del 31 de agosto de 2011 el hombre estaba trabajando en una finca del citado municipio para una comunidad de bienes, cuya representante legal, gestora y directora es la procesada.
De este modo, el varón "se encontraba solo" realizando labores de limpieza del pasto y rastrojo, "tras haber recibido la orden el día anterior de la acusada", mientras que el hijo de ella no estaba en la finca dicho día "por encontrarse enfermo".
Al respecto, el trabajador realizaba las citadas labores con un tractor que ella puso a su disposición, que tiene "una antigüedad de más de 20 años y al que iba unido una malla de acero con púas para el arrastre". Así, en un momento dado el empleado "perdió el control" del tractor, de manera que volcó y el trabajador salió "despedido y quedando debajo de la rastra que arrastraba el mismo".
Como consecuencia de los hechos, el hombre, de 45 años de edad, falleció por un 'shock hipovolémico' secundario a politraumatismo. El fallecido estaba casado y tenía dos hijos, quienes reclaman en este caso. Según la magistrada, "el desencadenante del accidente fue la falta de sujeción del trabajador", así como "la falta de estructura de protección del conductor en caso de vuelco" y "la falta de cinturón de seguridad".
En este sentido, la juez explica que dicho vehículo "no contaba con cabina, bastidor, pórtico de seguridad o cualquier otra estructura de protección ni cinturón de seguridad", al tiempo que "carecía de permiso de circulación y tarjeta de inspección técnica", de manera que no se ha acreditado el mantenimiento del mismo.
"NO IMPIDIÓ" EL TRABAJO
Además, relata que la acusada, "incumpliendo las funciones que tiene encomendadas, no impidió, ni dio órdenes" de que el trabajador fallecido no realizara el trabajo descrito anteriormente con la maquinaria que lo estaba realizando, "no contando con plan de prevención de riesgos y teniendo conocimiento de que el tractor incumplía las medidas de seguridad exigibles en la utilización por el trabajador del citado equipo".
Así, la magistrada indica que "el tractor no estaba adaptado por las circunstancias ya señaladas para su utilización" y "más aún" cuando se utilizaba en la citada finca, con el terreno de "pendiente pronunciada".
Igualmente, destaca que en el año 2005 en la evaluación inicial de riesgos, elaborada por el servicio de prevención que tenía contratado la mujer, se señalan "una serie de medidas preventivas para evitar el riesgo de atrapamiento por vuelco de máquina o vehículo".
Mientras, la Inspección de Trabajo ha propuesto una sanción como infracción grave de las normas de prevención de riesgos a la empresaria acusada. Según se apunta en la sentencia, ni la empresa ni la procesada tenían concertado seguro de responsabilidad civil.
En cuanto a la acusación contra el hijo de la procesada, la juez explica que "debe ser absuelto, pues no se ha vertido prueba suficiente en aras a la exigencia de responsabilidad penal", después de que "no han quedado acreditados" los hechos denunciados contra él.
Cabe destacar que la Fiscalía pidió para la mujer una pena de tres años y ocho meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para ejercer como directora o gestora de empresas agrícolas, así como el pago de indemnizaciones superior a 165.000 euros, cifra que igualmente reclamó la acusación particular, que solicitó sendas penas de cuatro años de cárcel y otros tantos años de inhabilitación para la acusada y su hijo, también procesado por la acusación. La defensa solicitó la absolución.