El Parlamento danés aprobó hoy por 81 votos a favor y 27 en contra una ley que incluye polémicas medidas como confiscar dinero y objetos de valor a los refugiados para costear su estancia y limitar la reagrupación familiar en el país.
La propuesta del Gobierno liberal que en minoría dirige del primer ministro Lars Løkke Rasmussen contó, como se esperaba, con el apoyo de sus tres aliados del bloque de centroderecha y del Partido Socialdemócrata, primera fuerza opositora, que suman en total casi tres cuartos de la Cámara.
La reforma de la ley de extranjería, que incluye una treintena de medidas, ha estado rodeada de controversia desde su presentación en noviembre, lo que ha obligado al Gobierno a cambiar hasta dos veces la normativa sobre confiscaciones, una práctica que ya emplean Suiza y varios estados federados alemanes como Baviera y Baden-Württenber.
La propuesta final de esa normativa, bautizada como "la ley de las joyas", excluye objetos "de valor afectivo especial" y triplica hasta 10.000 coronas danesas (1.340 euros) el valor mínimo de otras pertenencias y de dinero en efectivo que pueden ser confiscadas.
"El Gobierno no quiere quitarle sus joyas a los solicitantes de asilo", dijo el portavoz liberal Jacob Ellemann-Jensen, que acusó a diputados de las formaciones de izquierda críticos con la ley, de perjudicar la reputación de Dinamarca en el exterior.
Tanto Ellemann-Jensen como el portavoz socialdemócrata, Dan Jørgensen, defendieron la "necesidad" de la nueva legislación, que reduce también las prestaciones a los peticionarios, para asegurar su integración y no poner en riesgo el sistema de bienestar danés.
El ultranacionalista Partido Popular Danés, primera fuerza del centroderecha, consideró que la aprobada ley es un "paso en la dirección correcta", y pidió endurecer aún más las leyes y el control fronterizo para limitar sobre todo la inmigración de países musulmanes.
Johanne Schmidt Nielsen, líder de la "rojiverde" Lista Unitaria -cuarta fuerza parlamentaria- acusó al Gobierno de hacer "política simbólica" para "atemorizar" a los solicitantes de asilo y aislarlos en la pobreza.
Por su parte, y Ulla Sandbæk, de la centrista La Alternativa, criticó que se los "estigmatice" y convierta en "sospechosos".
Los grupos contrarios a la nueva ley reiteraron su preocupación porque Dinamarca pueda violar las convenciones europeas de derechos humanos al endurecer el acceso a la reagrupación familiar hasta tres años, un peligro del que también han alertado asociaciones de abogados y varias ONG como Amnistía Internacional.
"Nunca habríamos presentado un proyecto de ley si creyéramos que viola las convenciones", dijo al término de un debate de tres horas y media en el Parlamento la ministra de Integración, Inger Støjberg, aunque también admitió que se encuentra "en el límite".
Dinamarca, que implantó a comienzos de año controles fronterizos provisionales, recibió en 2015 a 21.000 solicitantes de asilo, un tercio más que en 2014 y un cifra inferior a la del resto de países escandinavos, sobre todo Suecia, que con 163.000 peticionarios presenta la más alta de la Unión Europea (UE) per cápita.