El Pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado hoy su apoyo a los trabajadores del servicio 112 al aprobar instar a la Junta de Andalucía a suprimir la externalización en la gestión telefónica de los servicios de emergencias públicos 112 y a gestionar la readmisión de las trabajadoras despedidas por reclamar unas condiciones generales dignas.
El punto ha sido votado por partes. Así, la petición de externalización ha sido respaldada por los grupos de PCSSP, Ganar Cádiz en Común, PP y CS y la abstención del PSOE mientras que la iniciativa de readmisión de los trabajadores ha sido aprobada por unanimidad.
En el debate, se ha puesto de manifiesto la “responsabilidad subsidiaria de la Junta de Andalucía para velar que se cumplan, que se garanticen, los derechos sociales, laborales y democráticos de los trabajadores”. Así, se ha puesto de relevancia que “servicios tan básicos como las emergencias están en manos de empresas que están teniendo como principal objetivo maximizar su beneficio, a costa de la calidad del servicio y de la situación laboral de su personal trabajador”.
Por otra parte, ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos iniciativas como la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del funcionamiento y la organización del Registro Municipal de Solares y Edificios Ruinosos, la modificación de la ordenanza por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la aprobación de modificación del Estatuto del Consejo Local de Cooperación y Solidaridad o el cambio de nomenclatura de la plaza de la Estrella por la plaza Arqueólogo Pelayo Quintero.
Uno de los puntos que más debate ha suscitado ha sido la propuesta presentada por el Equipo de Gobierno para la cesión del Palco Municipal del Gran Teatro Falla a la Delegación de Cultura con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura a colectivos más desfavorecidos. Esta propuesta ha sido enmendada por el Partido Popular, que ha contado con el respaldo de Ciudadanos, por lo que finalmente se ha aprobado la cesión del uso de los palcos números 1 y 2 de Principal a la Delegación de Cultura para su cesión a las entidades sociales y colectivos que lo soliciten. En este mismo sentido se ha aprobado que el Equipo de Gobierno informe puntualmente a los grupos de oposición del uso que se esté realizando de estas localidades y bajo qué criterios se están decidiendo. Además, se encomendará a la Junta de Portavoces la gestión y administración de todos los recursos de protocolo de los que dispone el Ayuntamiento y la redacción de un borrador de reglamento de protocolo para que pueda ser sometido a Pleno para su aprobación.
Otro de los puntos con mayor debate ha sido la posibilidad de estudio para reconocer el derecho a la subvención por importe equivalente a la establecida para familias numerosas en la ordenanza fiscal del IBI, a aquellas familias que perciban rentas derivadas de una pensión no contributiva y han tenido que acoger a familiares. Ante la incertidumbre planteada por la legalidad de esta iniciativa y amparado por la intervención del interventor, el pleno ha acordado estudiar con detalle esta propuesta para ver de qué manera se le puede dar cabida en los próximos presupuestos.
En otro orden de cosas, se ha aprobado instar al Equipo de Gobierno a realizar una reserva de crédito en el presupuesto de 2016 para destinarlo a la creación de una línea de ayudas a PYMES gaditanas e instar a que Junta de Andalucía y Ayuntamiento coordinen y financien un plan de turismo para la ciudad que incluya la conmemoración de los trescientos años de la llegada a Cádiz de la Casa de contratación con las Indias.
En el ámbito de la vivienda, se ha aprobado terminar el proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación de la finca número 4 de Gregorio Marañón por parte municipal así como reactivar las obras de rehabilitación cuyas licencias están caducadas por parte de la Junta de Andalucía.
Acalorado debate ha habido en el apartado de mociones de urgencia. En concreto en la propuesta sobre los casos de corrupción que asolan al panorama político español y en la que se ha aprobado instar a los diferentes grupos políticos a que trasladen a sus respectivos partidos políticos la necesidad de exigir a sus miembros encausados por casos de corrupción la entrega de su acta como representante públicos en aras de la ejemplaridad y de devolver el prestigio a la política.
