El Gobierno sueco rechazó este viernes el dictamen difundido por un panel de la ONU, que considera que la detención del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es "arbitraria" y pide al Reino Unido y a Suecia que acaben con ella.
"El señor Assange ha elegido, de forma voluntaria, estar en la embajada ecuatoriana, y las autoridades suecas no tienen ningún control sobre su decisión de estar allí", consta en una respuesta del Ministerio sueco de Asuntos Exteriores enviada al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Assange está refugiado en la Embajada de Ecuador, país que le ha concedido asilo político, en Londres desde hace tres años y medio para evitar ser extraditado por el Reino Unido a Suecia, donde es objeto de una investigación por violación.
En el escrito, difundido en Estocolmo, se resalta que el periodista australiano es "libre" de abandonar la embajada ecuatoriana cuando quiera.
"Su libertad no está coartada por ninguna decisión o medida adoptadas por las autoridades suecas", señaló en la respuesta Anders Rönquist, jefe de los servicios jurídicos de Exteriores.
Suecia resaltó también que mantiene contacto regular con las autoridades británicas para "facilitar" la investigación de la Fiscalía y que firmó con Ecuador en diciembre un acuerdo de asistencia legal en materia penal para permitir que Assange sea interrogado en la embajada ecuatoriana en Londres.
La Fiscalía sueca reiteró hoy, en un comunicado, que repite lo afirmado en otro difundido ayer, que la declaración del Grupo de Trabajo "no tiene ningún impacto formal en la investigación, de acuerdo con las leyes suecas".
Recordó además que el Tribunal Supremo de Suecia decidió en mayo pasado mantener la orden de detención en ausencia contra Assange, apelando a la gravedad de los hechos y al riesgo de que quisiera esquivar el proceso y una hipotética pena.
La fiscal superior, Marianne Ny, se había opuesto durante años a interrogar a Assange en Londres, pero cambió de opinión en marzo pasado porque tres de los cuatro delitos de los que era sospechoso prescribían cinco meses más tarde.
"La fiscal responsable del caso ha intentado entrevistar a Julian Assange en la Embajada de Ecuador desde marzo de 2015. Aún no ha sido posible realizar el interrogatorio, la autoridad ecuatoriana correspondiente no ha dado permiso", señaló el comunicado.
El dictamen del panel de expertos de la ONU reclamó también que se "respete su integridad física y libertad de movimiento" y que se reconozca el derecho del fundador de WikiLeaks a una compensación por los daños sufridos.
"Las opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias son jurídicamente vinculantes en la medida en que están basadas en normas internacionales de derechos humanos" de obligatorio cumplimiento, aclaró el órgano de la ONU.