El juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla ha fijado para el 6 de octubre un juicio por presunto delito de usurpación contra Toñi, otra de las portavoces del colectivo bautizado como Corrala Utopía, conocido por habitar sin título alguno las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja. Recordemos que para todos y cada uno de los acusados por este caso, la Fiscalía solicita en principio 720 euros de multa.
La propia Toñi ha informado a Europa Press de que tras una consulta en los propios juzgados, le ha sido comunicado que las diligencias incoadas en su contra por un presunto delito de usurpación se han traducido en un juicio señalado por el Juzgado de lo Penal número 12 para el 6 de octubre de este año, toda vez que el pasado 2 de febrero, el juzgado de lo Penal número siete dejaba visto para sentencia un juicio por presunto delito de usurpación contra María Yanes, una de las principales líderes de este colectivo, a cuenta de los mismos hechos.
Aunque el fiscal pedía para ella una multa de 720 euros, la misma que se reclama a todos y cada uno de los acusados por este episodio de ocupación, finalmente redujo su petición a 360 euros aceptando que actuaba María Yanes "movida por su penuria económica".
LA CORRALA
El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de Ibercaja, fue consumado en abril de 2014 tras casi dos años de movilizaciones y negociaciones.
Estas actuaciones corrieron paralelas a la causa judicial incoada por el juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, como consecuencia de las acciones legales emprendidas por Ibercaja, propietaria de las viviendas a través de la sociedad Residencial Murillo, si bien Ibercaja se retiró del procedimiento judicial después del desalojo.
El desalojo policial de las viviendas, como se recordará, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida entonces por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios entonces en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución.
Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento de Sevilla un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.
EVALUACIONES SOCIALES
Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias evaluadas se encontraban en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual según la Junta ya justificaba "plenamente" su realojo provisional; y siete atravesaban una situación "deficitaria o de exclusión social", con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía pendientes.
Después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) zanjó sin consecuencias una denuncia de Manos Limpias contra la entonces consejera de Fomento, Elena Cortés, considerando que estos realojos "no están inspirados por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial".