La Junta de Gobierno ha aprobado esta mañana la adhesión del Ayuntamiento a un convenio de colaboración anunciado hace pocos días entre el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para detectar “supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social, y sobre cesión de datos en procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria”, según dice textualmente el documento.
El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha explicado en rueda de prensa, junto a la teniente de alcalde delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, que se trata de un convenio para tratar de forma coordinada el problema que afecta a muchas familias inmersas en procedimientos de desalojo de sus viviendas. Para ello se establece un protocolo para el intercambio de información entre los jueces y los servicios sociales, que permita actuar con más prontitud en las familias más vulnerables frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios.
Landaluce destacó que este equipo de gobierno trabaja incesantemente por los que más lo necesitan, y que para paliar los casos de desahucios ya se adhirió en su momento al Fondo Social de Vivienda, con el Gobierno Central y la FEMP; así como al Convenio Andaluz en Defensa de la Vivienda. Además, los grupos políticos de este Ayuntamiento aprobaron el mes pasado redactar un protocolo de actuación a nivel local para estos asuntos, que está ya redactado y se presentará en breve. “El último paso es esta nueva adhesión, que nos otorga otra herramienta para seguir trabajar de forma coordinada por las familias que lo pasan mal”, manifestó el alcalde, que aseguró que el Ayuntamiento siempre se sumará a cuantas iniciativas sirvan para ayudar a los que más lo necesitan, tal y como ha venido haciendo en estos últimos casi cinco años.
