La empresa mixta de limpieza Limasa contempla reclamar en los tribunales a la Junta daños y perjuicios por los efectos que para la ciudad de Málaga tuvieron los once días de la huelga de basuras de marzo. Un conflicto que, a juicio del concejal de Sostenibilidad Medioambiental, se podría haber evitado si el Gobierno andaluz no hubiera actuado de forma "negligente" y hubiese registrado como acuerdo parcial de convenio colectivo el documento que puso fin al paro de la Navidad de 2013.
Así lo ha trasladado Jiménez este viernes en la segunda sesión del pleno ordinario de marzo. Una reclamación que, no obstante, dependerá del pronunciamiento del Juzgado de lo Social número 2 de Málaga, a raíz de la demanda presentada por Limasa, precisamente, contra la resolución de la Junta de no dar validez de convenio a los acuerdos de diciembre de 2013, que conllevaron la retirada del ERTE y la desconvocatoria de la huelga.
El edil de Sostenibilidad Medioambiental ha justificado su postura aludiendo a que, pese a haberse opuesto a ello hace dos años, la Junta de Andalucía ha admitido ahora el registro de este documento de 2013 como acuerdo parcial de convenio en Limasa --empresa participada en un 49 por ciento por el Ayuntamiento, mientras que el 51 por ciento restante corresponde a los socios privados--.
Un pronunciamiento hecho a raíz de una moción del equipo de gobierno del PP, precisamente, para que la Junta completara los trámites para registrar este principio de acuerdo. Una iniciativa que, sin embargo, no ha salido adelante debido al rechazo en bloque de la oposición.
Los grupos de la oposición, PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos, que "ha votado conscientemente en contra de esta moción", ha precisado el propio alcalde, Francisco de la Torre, e IU-Málaga para la Gente, han coincidido en que es una iniciativa "inaceptable".
Y han opinado que "no tiene mucho sentido" registrar ahora un acuerdo con una vigencia de 2013 a 2015, cuando para desconvocar la huelga del pasado mes de marzo se firmó un documento con una serie de puntos, cuya aplicación está pendiente de la sentencia del Juzgado de lo Social número 12.
"MANIPULACIÓN POLÍTICA"
La propuesta 'popular' pasaba por el registro de este documento bien como modificación del convenio anterior bien como acuerdo fin de huelga bien como acuerdo parcial de convenio 2013-2015, ha precisado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, quien ha considerado que sí ha habido "manipulación política" en este asunto.
Se ha mostrado muy crítico con la Junta, como Autoridad Laboral competente: "ha usado su brazo político inmerso en todos los procesos administrativos y está haciendo una grave negligencia, denunciada, además, en los juzgados". "Pesa más el color político que el sentido común y la justicia", ha lamentado.
Ha precisado que la huelga de marzo "era claramente evitable si el Gobierno andaluz hubiera hecho su trabajo". "Dos años y dos meses después la Junta nos dice que registremos lo que nos dijo que no", ha apuntado, lo que, a su juicio, evidencia "una clara negligencia". "Ha habido complicidad entre el poder político del PSOE y los sindicatos", ha dicho.
En cualquier caso, ha incidido en que lo que se firmó en 2013 "no es un convenio, sino que revisa y modifica el de 2010-2012". "No se firmó uno nuevo, sino que fue una modificación del convenio y como tal había que registrarlo", ha señalado.
La concejala socialista Begoña Medina ha rechazado de forma rotunda que haya una interferencia política en asuntos como el registro de un acuerdo laboral. Para esta edil, "el PP no ha sido riguroso ni serio en este tema".
"No se puede culpar a una administración por cumplir la ley y exigir la documentación que se debe pedir", ha declarado Medina, tachando la actitud del equipo de gobierno de "poco seria".
Además, ha considerado que el PP "no fue leal con los trabajadores porque en 2013 tenían que haberse sentado a revisar los acuerdos y de forma unilateral se fueron a la Junta a inscribir el documento", algo rechazado por Jiménez.
La edil socialista no encuentra más explicación para presentar esta moción que "querer meterse con la Junta para tratar de salvar los muebles de una actuación incompetente". Por ello, de nuevo ha demandado al PP que "no busque culpables".
El viceportavoz de Málaga Ahora, Juan José Espinosa, ha opinado que la presentación de esta moción es "una nueva provocación del equipo de gobierno y un nuevo intento de alentar otra huelga en Limasa".
"Está pidiendo que se registren los acuerdos de 2013, entonces es que los acuerdos con los que se desconvocó la huelga de marzo no piensan cumplirlos", se ha preguntado, considerando "inaceptable" la actuación del equipo de gobierno. "Lejos de buscar una solución, continúan echando leña al fuego", ha denunciado.
El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, ha vuelto a criticar a su socio de investidura, diciendo que "la táctica habitual del Partido Popular es echar la culpa al Gobierno andaluz".
"De esto no tiene culpa la Junta de Andalucía --ha especificado el edil de la formación naranja--; la Administración regional y los profesionales que hacen estos registros están haciendo bien su trabajo".
El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha dejado claro que la petición del PP "no es competencia del Pleno" y responde a "un intento de seguir desviando la atención y echar la culpa a otras administraciones".
"En vez de centrarse en la negociación desde meses antes de diciembre de 2015, se empeñaron en considerar que el acuerdo de 2013 era un convenio y los tribunales no les han dado la razón --en referencia a la sentencia del Juzgado de lo Social número 8--", ha aseverado. "Eso hizo que se negociara tarde lo que se podía haber negociado antes y evitar así la huelga", ha subrayado.
CARRILES BICI
El Pleno, por otra parte, tras una enmienda de Málaga para la Gente a una moción del PSOE, ha aprobado por unanimidad instar a la Junta, administración que "ha incumplido el Plan Andaluz de la Bicicleta", ha resaltado el portavoz de la coalición de izquierdas, a que, precisamente, desarrolle el acuerdo suscrito con el Ayuntamiento de la capital para dotar a la ciudad de carriles bici.
Con esta moción el Pleno ha aprobado también demandar a la actual concesionaria del sistema público de préstamo de bicicletas que mejore las bicis, con la reparación y la reposición de aquellas que no estén en óptimas condiciones de uso.
Por otra parte, se ha dado luz verde por unanimidad a la petición a la Junta de que acometa, con un calendario de actuación, un plan de sustitución de las cubiertas de fibrocemento en los centros educativos y de salud, y al Ayuntamiento, que sustituya la red de tuberías de este material, además de las placas en el cementerio de San Gabriel.
También se ha aprobado, a raíz de una moción de C's, que el equipo de gobierno estudie la modificación de las ordenanzas correspondientes para hacer extensiva la condición de residentes a aquellos ciudadanos que tengan su centro de trabajo en vías afectadas por la zona azul.
Así, se analizarán primero las ventajas e inconvenientes de la implantación de esta medida y, en caso de considerarla positiva, se verán las zonas en las que sería más útil su aplicación.
Por unanimidad, el Pleno ha aprobado condenar el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 y también organizar conferencias y actos que permitan divulgar la Segunda República, pero no, que el 14 de abril ondee en el Ayuntamiento la bandera republicana.
Finalmente, con carácter institucional, en esta sesión plenaria se ha acordado contemplar plazas específicas para personas con discapacidad intelectual en los próximos procesos selectivos que se convoquen en el Ayuntamiento.
