El fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo, ha señalado que la plataforma Lexnet, concebida por el Ministerio de Justicia para conseguir el 'papel cero' en los tribunales y que obligatoriamente tienen que utilizarse desde el pasado enero, en lo que se refiere a la Fiscalía de Huelva aún no está operativa por "la no asignación en plazo de medios ni de formación", a lo que ha añadido que los medios tecnológicos con los que cuenta "no son los idóneos para afrontarlo".
Al respecto, el día 1 de enero de 2016 fue la fecha fijada por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para que las comunicaciones entre abogados, procuradores y tribunales se realicen por medios telemáticos, al tiempo que el Ministerio de Justicia calcula que el objetivo de eliminar el papel de los juzgados de las comunidades autónomas de su ámbito de actuación podrá alcanzarse de forma total en un plazo de seis meses.
En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández Arévalo ha precisado que esta situación "viene por la precipitación de su puesta en marcha, ya que en las previsiones legales iniciales estaba fijado para el segundo semestre de 2016 y la tramitación de la Ley 40/2015 de reforma de la LEC la anticipó al 1 de enero".
En este sentido, ha señalado que la Fiscalía funciona con "los medios que le asignan las administraciones competentes en la materia, ya que no cuenta con un presupuesto autónomo", a lo que añadido que "lo cierto es que no se han desarrollado en el caso de la Fiscalía de Huelva ni las infraestructuras idóneas para este sistema, ni tampoco se ha materializado una labor de formación que, aunque programada, está pendiente de concretarse".
Tras precisar que "la entrada en vigor de la reforma ha sido demasiado optimista", Fernández Arévalo ha asegurado que el Ministerio Fiscal está "plenamente" comprometido con la modernización de la Administración de Justicia y el uso de las herramientas tecnológicas, no obstante ha precisado que "está pendiente la creación de aplicaciones integradas entre los órganos judiciales y las fiscalías que permita que el expediente digital realmente resulte eficaz".
"PLAZOS MÁS REALISTAS"
En este punto, ha remarcado que "sin una formación mínima en el uso de estas nuevas aplicaciones, el sistema no puede funcionar correctamente". Por ello, ha lamentado que la ley "no haya optado por dar un plazo para la entrada en vigor del sistema más realista, como el concedido en materia de Registro Civil que, tras sucesivos aplazamientos, se ha dilatado seis años, sin perjuicio de posibles nuevos aplazamientos".
También se ha referido "al plazo de las leyes del sector público y de la ley de procedimiento administrativo común, en el que la entrada en vigor se aplazó hasta el último trimestre de 2016, y en determinados aspectos, particularmente de registros electrónicos, se amplió hasta el segundo semestre de 2017", lo que, a su juicio, ha insistido, "ha sido mucho más realista".
No obstante, Luis Fernández ha recordado que en un principio se contempló que la Fiscalía de Huelva desarrollara un plan piloto con su relación con el orden jurisdiccional social, lo que aún no se ha activado, "pese a que sería deseable por la proporción de notificaciones e inmediación del Servicio del Orden Social de la Fiscalía de Huelva con dichos juzgados", ha concluido.