La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos años de cárcel a un ciudadano francés identificado como F.R.F. por participar, junto a otras seis personas ya enjuiciadas en 2013, en el alijo de casi 3.000 kilos de hachís en la playa de Quitapellejos, en el límite entre los municipios de Garrucha y Vera (Almería) y por intentar introducir otro alijo de grandes dimensiones en el puerto Tomás Maestre, de la Manga del Mar Menor (Murcia) que no se pudo llevar a cabo finalmente debido, entre otras causas, al "mal estado de la mar".
F.R.F., quien se encontraba en rebeldía, ha mostrado conformidad este jueves en el acto de juicio celebrado en la Sección Tercera con la pena propuesta por el Ministerio Público, que, al igual que a sus compañeros, le ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que los hechos por los que está encausado se remontan a 2005, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Según el escrito de calificación provisional, el procesado, quien se encargaba de labores de vigilancia para asegurar el desembarco del hachís, se enfrentaba a una condena de ocho años de cárcel como presunto autor de dos delitos contra la salud público, uno consumado y otro en grado de conspiración.
De acuerdo con la sentencia, E.G.M., M.S.P., A.E.R. y P.G.E., vecinos de Ciudad Real, Cartagena, Murcia y Málaga, junto a F.R.F., con ánimo de enriquecerse injustamente, planearon desembarcar una gran cantidad de hachís en las playas de Almería para su posterior difusión en el mercando ilícito y contactaron con personas en el Norte de África para que les suministraran la droga.
El 3 de febrero de 2005, en el arenal de Quitapellejos, frente al hotel Vera Playa Club, arribó una embarcación con 100 fardos de hachís con un peso de 2.991 kilos que fueron transportados hasta una furgoneta cercana por varios individuos no identificados.
Mientras, el acusado F.U.H., vigilante de seguridad del hotel, era el encargado de dar cobertura de seguridad a la operación controlando que no se acercase nadie y así facilitar el desembarco de los estupefacientes. Según el tribunal, lo hizo a cambio de una parte de la droga, "buscando así lucrarse el también en la venta futura de la misma".
El valor de la droga intervenida hubiese alcanzado en el mercado negro 4,2 millones de euros ya que tenía un porcentaje de THC que oscilaba entre el 9,4 y el 7,2 por ciento.
Posteriormente, E.G.M., P.G.E., M.S.P. y A.I.P. y el propio procesado en esta ocasión planificaron un nuevo desembarco de hachís en el Puerto Tomás Maestre de la Manga del Mar Menor a bordo de una embarcación que compraron. El último de ellos, vigilante de seguridad en el puerto, sería el encargado de dar seguridad e infraestructura al dispositivo, si bien no llegó a ejecutarse el plan por motivos ajenos a su voluntad.
El tribunal consideró entonces que sí se llegaron a realizar los preparativos, como la compra de la citada lancha y su introducción el puerto, y se llevaron a cabo reuniones y el alquiler de un piso en la zona.