El Pleno de Diputación celebrado el 17 de febrero en Algeciras adoptó por unanimidad una propuesta dirigida a diferentes administraciones públicas al objeto de favorecer el alquiler de viviendas a personas en especial situación de vulnerabilidad. La moción original propuesta por el PP, y defendida por el diputado provincial Agustín Muñoz, planteaba dirigirse únicamente a la Junta de Andalucía para reclamar la convocatoria de ayudas al alquiler, para familias en riesgo de exclusión social, del año 2015 y 2016. En el debate posterior, en el que intervinieron los portavoces de PSOE, Por Cádiz y Sí Se Puede y Ganemos Jerez, se presentaron dos enmiendas de sustitución con la finalidad de incorporar al Ministerio de Fomento entre los destinatarios de la demanda y también instar a la propia Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Diputación a continuar priorizando “la política actual de alquiler social”. Finalmente prosperó la enmienda socialista.
La propuesta de común acuerdo, en su parte dispositiva, incluyó demandas a tres instituciones –estatal, autonómica y provincial- en el sentido de fomentar los alquileres sociales, además de incorporar la siguiente reclamación al Ministerio de Fomento: el desarrollo de la definición de vivienda desocupada con carácter permanente “con el fin de que los Ayuntamientos puedan exigir a sus propietarios un recargo de hasta el 50 por cierto de la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tal y como figura en el artículo 72.4 del Real Decreto Legislativo de 2/2004 de 5 de marzo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.
El Ministerio de Fomento, a través del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ha contestado al acuerdo adoptado por el Pleno de Diputación en los siguientes términos: “ (…) parece adecuado que dicho desarrollo reglamentario sea acometido por el Gobierno que obtenga la confianza del Congreso de los Diputados, dado que este Gobierno en funciones debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”.
La determinación de las condiciones para declarar un inmueble residencial como vivienda desocupada es una potestad exclusiva del Gobierno estatal, según han aclarado diferentes sentencias judiciales. Más de un centenar de Ayuntamientos españoles han incorporado en sus ordenanzas fiscales recargos para gravar las viviendas vacías, si bien quedan sin aplicar ante la ausencia del desarrollo reglamentario que debe asumir el Gobierno. En la provincia de Cádiz, según datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2011, existían 76.009 viviendas vacías.
El responsable del área de Vivienda y Ordenación del Territorio de Diputación, Fran González, lamenta la contestación del Ejecutivo central “ya que frustra la función social inherente a la vivienda y favorece la especulación. Esta línea permite perpetuar una dualidad perversa: que haya viviendas sin gente y gente sin vivienda”. En lo que respecta al ámbito de actuación de Diputación, en concreto a la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, “hemos pasado de una empresa con un panorama dantesco, en lo que no se llevó a cabo ninguna promoción a una nueva realidad: queremos tener presencia en todos los municipios con menos de 20.000 habitantes y, en menos de un año, ya hemos desbloqueado promociones de alquiler con opción a compra, en régimen especial, en Vejer, Benalup-Casas Viejas, El Bosque o San José del Valle”.