La juez de instrucción Patricia Fernández comienza mañana la toma de declaraciones dentro de las diligencias que ha abierto por las irregularidades detectadas en el montaje de la Feria de Abril de Sevilla, y lo hará con los policías del grupo interno del Ayuntamiento que investigaron lo ocurrido.
Además de los policías, la titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla ha citado como testigo al arquitecto técnico municipal que alertó de las anomalías y a un asesor técnico de la Intervención Municipal, que lo hará como testigo y perito.
La juez comenzará de esta forma con la ronda de declaraciones de testigos y acusados en la investigación abierta por los presuntos delitos de cohecho y malversación que habrían cometido el responsable municipal durante más de 30 años del montaje de la Feria, Rafael Carretero, y los responsables de cuatro empresas.
El técnico que ha sido llamado a declarar avisó de irregularidades como las numerosas discrepancias que entre las obras y servicios previstos y lo realmente ejecutado, el abono de trabajos no realizados, duplicidad de abono de una misma partida, trabajos no justificados y otros realizados por técnicos sin la titulación precisa.
Tras las alerta del técnico, la Fiscalía concluyó que Carretero, tanto en 2014 como en años anteriores, recibía servicios gratuitos de las empresas acusadas a cambio de "asumir la regularidad de las facturas, sin objetar volúmenes ni duplicidades ni controlar la ejecución" de los trabajos.
Entre los favores que recibía Carretero, se incluyen el pago de obras particulares en su casa así como el vino que se consumía en su caseta de Feria, según la Fiscalía.
Las declaraciones judiciales por este caso se retomarán el 13 de junio con nuevos testigos, y Carretero comparecerá como investigado el 16 de junio, el mismo día que la juez ha citado al delegado de Ferrovial Agroman en Andalucía.
El 23 de junio, la instructora ha citado como investigado al delegado andaluz de la UTE RMD & Coyma Fiestas y a los representantes legales de Alquileres Quitasol S.L. y de la entidad A.E.M. Vázquez S.L., las otras empresas acusadas por la juez.
En su auto de apertura de diligencias, la juez dijo que la desviación en el importe de los expedientes de fue un 2,5 % de su cuantía con relación al año 2014, lo que equivaldría a 75.000 euros, un importe que podría haberse repetido en años anteriores.