El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha exigido este jueves al Gobierno municipal socialista que lidera Juan Espadas "máxima transparencia" en cuanto a los contactos y supuestas relaciones entre el Ayuntamiento hispalense y Ausbanc, una entidad investigada por supuestas extorsiones a los bancos y tratos ilícitos con los mismos. El Consistorio, de su lado, niega cualquier contratación o pago con Ausbanc.
Después de que el diario digital El Confidencial publicase una información relativa a un supuesto acuerdo gracias al cual el Gobierno municipal socialista habría comprometido, siempre presuntamente, 30.000 euros para financiar un evento de Ausbanc en Miami (Estados Unidos), mediando una mordida de 6.000 euros para el delegado de la entidad en Sevilla, José Marín, Javier Millán ha reclamado "máxima transparencia respecto a cualquier vínculo o relación con Ausbanc y sus representantes".
El Ayuntamiento, de su lado, expone que recibió por parte de Ausbanc una propuesta para la participación de Sevilla en un evento que podía tener alcance turístico que se iba a celebrar en Miami, "destino de interés" para la capital andaluza. Tras analizar la propuesta, según el Consistorio, se trasladó a la entidad promotora la negativa a alcanzar un acuerdo de patrocinio tal y como se solicitaba y se inició un proceso de estudio por parte del Consorcio de Turismo, para "evaluar si se trataba de un evento de interés". Tal extremo, siempre según el Ayuntamiento, "no derivó en ninguna contratación", mientras que "tampoco existen expedientes administrativos, contrataciones o pagos (a Ausbanc) en ninguna de las delegaciones ni en los organismos autónomos del Ayuntamiento de Sevilla durante el presente año de mandato".
Millán, de cualquier modo, avisa de que "chirría" que el Ayuntamiento hubiese "abierto su puerta y dado un trato favorable a una persona condenada" como José Marín, exsecretario del distrito Macarena durante la etapa del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y condenado por el caso de las facturas falsas de dicho distrito a cuatro años y tres meses de cárcel.