CSIF quiere denunciar públicamente la situación que se está viviendo, desde el pasado 1 de junio, en las siete oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la provincia en las que había personal de seguridad privada: a comienzos de mes finalizaba el contrato con la empresa adjudicataria y se han quedado sin este personal de seguridad. Para CSIF, la Administración debería haber estado atenta y diligente para evitar esta situación, antes de que el contrato finalizara. Concretamente, las oficinas de empleo que contaban con seguridad privada en la provincia son las de Cádiz (avda. de Portugal), Jerez (Madre de Dios y Capuchinos), Algeciras, La Línea, Barbate y Sanlúcar de Barrameda.
Según ha podido saber CSIF, la nueva licitación contempla la ampliación del número de oficinas con servicio de seguridad en la provincia, de 7 a 16 (de más de 30 que hay en la provincia), pero no ha sido posible tramitarla antes de la conclusión del actual contrato por estar a la espera de unos informes preceptivos. Así, CSIF desconoce cuándo se podrá volver a contar con el servicio de seguridad.
Esta situación supone un riesgo laboral para los trabajadores de las oficinas del SAE, quienes han afrontado y sufrido agresiones, tanto físicas como verbales. Episodios violentos que han venido incrementándose en los últimos años debido, básicamente, a la falta del personal funcionario suficiente en las oficinas de empleo, que impide una prestación adecuada de este esencial servicio público
Estos episodios generan entre el personal de las oficinas cuadros de angustia, nerviosismo, ansiedad, miedo a represalias e indefensión. Además, el Servicio Andaluz de Empleo no cuenta con un protocolo de actuación ante situaciones violentas sobre su personal y son los propios trabajadores los que tienen que costearse su defensa jurídica en casos de agresiones que lleguen a los tribunales.
CSIF exige a la Junta de Andalucía que se garantice la seguridad de los empleados públicos en todas las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Cádiz, mediante la contratación urgente de servicios de seguridad. En algunas provincias como la de Sevilla todas las oficinas cuentan con este servicio mientras que en Cádiz, la provincia con más desempleo del país, deja a los trabajadores desprotegidos ante posibles agresiones, insultos y amenazas.