Fuentes de la Administración andaluza informaron a Europa Press de que el departamento de Martín Soler ha invitado "formalmente" al grupo parlamentario del PP a "volver a consultar" en la mañana del lunes el expediente que contiene la documentación relativa a las subvenciones por valor de 10,1 millones de euros concedidas a Minas de Aguas Teñidas SA, en cuya directiva figura Paula Chaves, hija del ex presidente andaluz y vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.
Según las mismas fuentes, este ofrecimiento "formal" sucede a la visita que ya cursaron el pasado 12 de mayo dos diputados autonómicos del PP, quienes "ya consultaron" por primera vez la documentación correspondiente a esta subvención.
Tales fuentes, así, destacaron la "transparencia, legalidad y pulcritud" con la que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa tramitaron las citadas ayudas públicas.
Por otra parte, el secretario general del PP en Andalucía, Antonio Sanz, afirmó ayer en Cádiz que el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, "es un político que tiene las horas contadas" por su implicación en la concesión de la subvención a Matsa, en la que trabaja su hija.
Sanz declaró que "Chaves tendrá que acabar dimitiendo ante un escándalo público de tal magnitud porque ayer el PSOE no pudo dar una explicación sensata y clarificadora de este asunto en el Parlamento Andaluz".
El dirigente regional del PP aseguró que "todas las explicaciones dadas fueron falsas y contradictorias" porque, según el popular, Chaves argumentó en el Congreso que la subvención se habría concedido tanto en el primer informe del Gobierno, que la denegó, como por el de la Junta que finalmente la otorgó.
"Y esto es mentira porque el Gobierno central rechazó el incentivo porque excluía a ese mineral específicamente y porque el proyecto ya estaba iniciado, y la orden recoge que estas subvenciones son para proyectos no iniciados", enfatizó Sanz.
Sanz insistió en que "para la concesión de la subvención se ha realizado un decreto de Gobernación y una orden específica".
Por ello, el popular informó de que su grupo "ya está trabajando en las demandas y querellas que se deriven de este caso por delitos de prevaricación o tráfico de influencias, ya que el PSOE se ha negado a la comisión de investigación".
