Desde el equipo de Gobierno socialista aseguran en nota pública que es falso que los despidos se produjeran “por causas políticas”, sino que “están justificados en una mala praxis a la hora de la contratación (Gobierno PP-Ai-Pro), al no haberse seguido los procedimientos legalmente establecidos para poder ser contratados por la administración pública, basados en la igualdad de oportunidades y la transparencia”. Además, estos despidos estarían relacionados directamente con la reducción en la partida de Personal que el Ayuntamiento se ha visto obligado a llevar a cabo, según el ejecutivo. En este proceso, fueron hasta150 los contratos no renovados por el equipo de Gobierno actual. Cada uno fue concluyendo según el fin de su propia relación laboral con el Ayuntamiento.
En suma, el Gobierno socialista de Arcos considera que, debido a “la pésima gestión económica del gobierno anterior, no puede asumir los costes de una plantilla municipal inflada y excesiva, a cuya situación se llegó siguiendo criterios no igualitarios ni transparentes”. De hecho, el propio gobierno anterior, donde el PP dirigía el área de Hacienda, aprobó un plan de ajuste que obliga a la reducción drástica del capítulo primero de los Presupuestos (el relativo a las cuantías dedicadas al pago de nóminas). “El actual Gobierno (PSOE) se ha visto en la obligación, desde el inicio del mandato, de establecer las medidas oportunas para racionalizar la plantilla municipal, entre ellas, la no renovación de los contratos que paulatinamente fueran concluyendo”, asegura en su comunicado.
“Si el Ayuntamiento tuviera que readmitir a esas 150 personas cuyos contratos finalizaron, no tendría dinero suficiente para pagar la nómina mensual. La sentencia no es firme. El Ayuntamiento la ha recurrido. Por lo tanto, no es ejecutiva. Así, se infiere que no procede ninguna querella contra el alcalde, al no haber habido incumplimiento alguno por su parte”, expresa el gabinete de Isidoro Gambín. El ejecutivo advierte a los responsables del PP en Arcos que “se les ve la intención de judicializar de nuevo la vida política. Como oposición no están aportando nada a la ciudad y como partido están desaparecidos. De ahí que intenten enturbiar la acción del Gobierno con amenazas de querella”. Gambín añade que no acepta “chantajes ni presiones de ningún tipo”, y reclama al PP que sea “más cauto y prudente a la hora de jugar con los asuntos judiciales”.
