Las irregularidades en la adjudicación en noviembre de 2004 a la empresa promotora Martinsa de una parcela para construir en Arganda del Rey, que desembocaron en uno de los mayores 'pelotazos' de la trama Gürtel, provocaron que la constructora engordara su previsión de ventas de la promoción planeada en 198,3 millones de euros, según se desprende de un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, al que ha tenido acceso Europa Press.
En él, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se hace eco de las irregularidades en la adjudicación de estos terrenos, situados en la llamada UE-124 o Área de Centralidad de la localidad madrileña. Las variaciones introducidas en el plan inicial provocaron, por ejemplo, que se pasara de las 1.580 viviendas previstas inicialmente a la aprobación definitiva de 2.731, un 72,85 por ciento más.
El "incremento tan importante" producido en el número de viviendas planificadas --a costa de reducir el número máximo de metros cuadrados de las mismas a 90-- generó que Martinsa pasara de contar con una previsión de venta de 336,6 millones de euros a 535 millones, un 58,93 por ciento más.
PRECIO DE LICITACIÓN
El informe también refleja que el precio de licitación cerrado para llevar a cabo la operación fue de 77,2 millones de euros, una valoración que --dice-- no se corresponde con la real ofrecida por Aguirre Newman. Prueba de ello es que el propietario de Martinsa, Fernando Martín, vendió unos meses más tarde un tercio de los terrenos por 73 millones.
El presunto líder de la red Gürtel, Francisco Correa, recibió 25 millones de euros en supuestas comisiones ilegales por la adjudicación en 2004 de las fincas situadas en este terreno, según concluyó hace unos meses la Agencia Tributaria. La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) señaló entonces que dos sociedades de Correa recibieron sendas comisiones de 12 y 12,8 millones de euros por esta operación. La primera la realizó el empresario Manuel Salinas en 2004 y la segunda el presidente de la constructora Martinsa, Fernando Martín, a través de una sociedad interpuesta, dos años después.
Salinas, un empresario de Zaragoza dedicado a la fabricación y comercialización de muebles de madera y el equipamiento integral de cuartos de baño cuyas empresas "estaban relacionadas" con el negocio de Martinsa, invirtió también cuatro millones de euros para pagar la segunda comisión, que fue efectuada por la empresa Cedargrove Investments, vinculada a Martín.
Los técnicos del organismo tributario afirmaron que, coincidiendo con el pago de la comisión ilegal de 12,8 millones, una empresa de Salinas (Tasal SL) adquirió además de forma legal el 5 por ciento de las acciones de una sociedad de Martinsa denominada RTM por valor de cinco millones de euros. Sin embargo, el empresario decidió en 2006 liquidar su participación en las empresas que se adjudicaron el 'pelotazo' y recuperó estos cinco millones.
El nuevo informe también señala que entre la documentación aportada para esta operación inmobiliaria no consta que se comunicara el acuerdo final a la Comunidad de Madrid. Tampoco se incluyeron los correspondientes informes técnicos y jurídicos ni el acuerdo adoptado por la Comisión de Urbanismo.
