El Colegio José Calderón, de la barriada malagueña de Campanillas, ha ganado la batalla contra el amianto que campa a sus anchas por los tejados y las canalizaciones. El Gobierno andaluz aprobó ayer un plan de retirada progresiva de este peligroso material de los centros escolares públicos que determinen los técnicos de la Consejería de Educación. La inversión fijada para el desmantelamiento del fibrocemento será de 60 millones de euros y una primera estimación arroja en torno a 220 colegios e institutos los que contendrían este cancerígeno material, por lo que prevén una primera actuación de inventariado, según fuentes autonómicas.
Según este plan, este año se acometerán por vía de urgencia una treintena de intervenciones en las infraestructuras educativas donde se constata riesgo de desprendimiento de fibras. En este sentido, fuentes del Gobierno andaluz confirmaron a este periódico que el Colegio José Calderón se enmarca dentro de estas intervenciones urgentes previstas para este año, por lo que la intención, según estas mismas fuentes, es acometer el desmantelamiento de las placas de uralita este mismo verano.
Para Paco Puche, presidente de la plataforma Málaga Amianto Cero, este plan supone “un paso fundamental” en la erradicación del amianto. “Hace seis meses esto era impensable. Han tomado conciencia y de decir “no pasa nada”, ahora prevén retirarlo para el año 2022”, señala.
Sin embargo, estas medidas hay que tomarlas con “cautela”, a juicio de Puche, quien asegura que el plan de retirada segura promovido por Málaga Amianto Cero era “tan sensato”, que “éste es prácticamente un calco”. El experto ve primordial que las empresas sean “solventes” y estén capacitadas para este desamiantado seguro. “Nos da mucho miedo que lo hagan mal; hay que mirarlas con lupa para evitar chapuzas como las del Teatro Maestranza, en Sevilla, o el Cine Andalucía, en Málaga. Deben ser empresas formadas en estos menesteres y controladas”.
Por otro lado, Puche considera que la cifra de 220 colegios, a priori, le parece “muy pequeña”. Por ello, espera que tras el inventario el presupuesto se “adecue a las circunstancias reales”.
