El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la asociación de vecinos Triana Norte, a los que ha garantizado que el PSOE va a velar para que el solar de la Cava de los Civiles de Triana, en Pagés del Corro, pueda ser destinado a equipamientos públicos y que no sea subastado por parte del actual propietario, el Estado. En este sentido, según ha informado el PSOE en un comunicado, va a instar a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla para que inicie los estudios que determinen la calificación que pueda garantizar los intereses de los vecinos. En la actualidad, la calificación urbanística de este suelo es residencial, aunque dentro de la misma cabe la posibilidad de que se destine a un edificio público, extremo que se quiere confirmar con Urbanismo.
El PSOE recuerda que ya hay varias peticiones del Pleno para que no se subaste el solar, además de ser un tema recurrente en las sesiones de la Junta Municipal del Distrito Triana, tanto a propuesta socialista como de los vecinos.
En concreto, el pasado mes de mayo, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó por mayoría una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para reclamar al Gobierno central que paralice todas las enajenaciones de inmuebles de su propiedad en esta ciudad a través de subastas públicas en contra de las peticiones del gobierno local y de las propuestas en este sentido aprobadas anteriormente por el Pleno de la Corporación. Y este es el caso de la Cava de los Civiles de Triana. La moción reclamaba, además, que el Ejecutivo central forje un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad sobre el uso de todos los inmuebles de su propiedad sujetos a planes de enajenación.
También en mayo pasado, el Pleno reclamó al Ejecutivo central la paralización de la enajenación por subasta del solar del número 41 de la calle Pagés del Corro, el antiguo cuartel de la Guardia Civil en Triana. Se instaba a la Delegación municipal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo para entablar conversaciones al respeto con el Estado y, en el caso de no fructificar “y si existen informes jurídicos municipales favorables, se interponga demanda ante los tribunales reclamando la propiedad del inmueble”. “Y que en cualquier caso se inicien negociaciones con el Estado para modificar los usos del inmueble, sin que este cambio de uso pueda suponer costes para el Ayuntamiento”.
Pero lejos de atender las peticiones plenarias, el Gobierno aprobó las subastas de Pagés del Corro y otros inmuebles en el entorno del Real Alcázar, quedaron desiertas y, sin diálogo alguno con el Consistorio hispalense, volvió a convocar procesos para su venta despreocupándose del uso y del futuro de estos terrenos. El PSOE pretende, pues, evitar una venta libre del solar, al considerar que el
Cuartel de la Cava ha constituido un referente irrenunciable en la memoria histórica de Triana.
Tras la aprobación de la moción, la Corporación municipal exige la paralización de todas las subastas y enajenaciones de inmuebles del Estado en Sevilla, especialmente aquellas que formaron parte del conjunto de los Alcázares, al tiempo que reclama al próximo Gobierno central que se abra una vía de trabajo y diálogo con el Ayuntamiento para definir el futuro de todos los inmuebles y solares del Estado incluidos en su plan de racionalización, en especial aquellos con valor patrimonial, histórico o social.
Las reclamaciones plenarias no han sucedido solo durante el actual mandato municipal en Sevilla. El origen de la situación se remonta a 2012, cuando el Ministerio español de Hacienda aprobó su Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario de la Administración General del Estado, en el que se incluyeron distintos inmuebles de la capital hispalense. A partir de ese momento, se han sucedido las subastas públicas de bienes con valor histórico y patrimonial en la ciudad de Sevilla.
Estas subastas se han venido realizando, además, en contra de acuerdos concretos del Pleno de la Corporación municipal, y por tanto contra el criterio de los representantes de la ciudadanía de Sevilla. Así, en octubre de 2013 el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad exigir al Estado paralizar todas las enajenaciones de inmuebles incluidos en el Plan Especial de Protección de los Reales Alcázares, una medida que el Gobierno central desatendió sólo meses después cuando adjudicó por 1,3 millones de euros a un promotor privado la vivienda ubicada en el número 17 de la calle Mariana de Pineda. Del mismo modo, se han abierto procesos aún sin culminar para viviendas ubicadas en la calle Judería y en la Plaza de la Contratación.
