Los tres diputados socialistas por la provincia de Cádiz en el Congreso, Miriam Alconchel, Salvador de la Encina y Juan Carlos Campo, han presentado esta mañana una batería de iniciativas que decayeron con la anterior legislatura y que han vuelto a registrar nada más constituidas las Cortes, “por el interés que tienen para el presente y futuro de la provincia” y por recordarle al actual Gobierno “en busca de un acuerdo de mínimos” la necesidad de un tratamiento singular para Cádiz que afronte el alto desempleo que sigue padeciendo.
La diputada Miriam Alconchel ha desgranado las iniciativas relacionadas con economía y empleo, así como las que tienen un mayor impacto social. Alconchel ha señalado que “los datos de la EPA, si bien apuntan a una leve mejoría de la situación sociolaboral, aún nos mantienen en esos primeros puestos en materia de desempleo y la prensa hoy mismo nos recuerda que Cádiz está entre las cinco primeras provincias que recurren al FOGASA”. “La situación reclama medidas excepcionales que son las que le estamos indicando al Gobierno en nuestra iniciativa, un plan especial de empleo dotado con al menos 50 millones de euros en dos anualidades”, ha apuntado recordando “el rechazo sistemático a las enmiendas a los PGE hasta en cinco ocasiones en las que Andalucía ha pedido un plan especial de empleo como el otorgado a Canarias”.
La diputada jerezana ha explicado que el Grupo Socialista “no ha dejado pasar un minuto sin preocuparse por los problemas que tiene este país” y así la semana pasada registró un paquete de iniciativas de calado al que se sumaron las que tiene sello andaluz, y esta misma mañana se ha vuelto a registrar otra batería de preguntas y proposiciones no de Ley para que el Gobierno en funciones no se duerma en los laureles”.
Entre las iniciativas legislativas y de impulso a la acción del gobierno registradas la semana pasada figuran la derogación de la reforma laboral y la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores, junto a la dignificación del salario mínimo interprofesional y en el segundo bloque dado a conocer hoy, según explica Alconchel, “ampliamos la protección de derechos con proposiciones no de ley relativas a la igualdad salarial entre mujeres y hombres, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, la puesta en práctica de un Plan contra la Explotación Laboral y la ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos, entre otras”.
“El PSOE se preocupa, como no puede ser de otra manera, de cuestiones en las que están saltando las alarmas y por eso, pedimos recuperar el pacto de Toledo y atender como se merece la delicada cuestión de las pensiones, así como también reclamamos medidas para corregir el déficit de la Seguridad Social”, ha apuntado, al tiempo que en materia social ha destacado asuntos tan importantes sobre los que el PSOE quiere debatir en la cámara como el Pacto de Estado contra la violencia de género, el Ingreso Mínimo Vital, la derogación de la LOMCE o la aplicación efectiva del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Por su parte, De la Encina ha asegurado que “aunque tenemos un Gobierno en funciones, los gaditanos no pueden esperar más para la ejecución de iniciativas parlamentarias relacionadas con las infraestructuras y la creación de empleo como las obras del corredor Algeciras-Bobadilla, el plan especial de empleo para la provincia y el impulso a la negociación del Gobierno para iniciar con Navantia y la SEPI las negociaciones con los sindicatos para poner en marcha un Plan Industrial desarrolle el futuro de la empresa”.
En último término, el magistrado gaditano y portavoz de Justicia, Juan Carlos Campo, ha expresado “la gran preocupación de los parlamentarios gaditanos sobre temas concretos que nos afectan como ciudadanos de esta peculiar provincia” criticando la “negación en la acción por parte del Gobierno de una serie de iniciativas que podrían provocar los cambios necesarios que nos lleven a una situación mejor de la que estamos”. En ese sentido, ha señalado que “un tema recurrente y sangrante como es Navantia sirve para escenificar la obra El día de la marmota, venimos hablando en innumerables veces de esta problemática donde se demuestra el desprecio con que ha sido tratado este sector por parte del Gobierno del PP”.
Ha recordado las reuniones mantenidas por el PSOE de Cádiz con los comités de empresa de las factorías gaditanas, la iniciativa elevada al Parlamento Andalucía y aprobada por unanimidad y la PNL registrada por el PSOE en el Congreso en la anterior legislatura que “rectificamos para lograr la concordia de todos los grupos”. “Pero, a día de hoy, seguimos lamentando que no se produzcan esas reuniones necesarias que solo puede hacer el Gobierno, a través de la SEPI, para permitir algo tan necesario como es un Plan Industrial que dé viabilidad a la empresa así como realizar una distribución justa de la carga de trabajo, concretar la posibilidad de los acuerdos con Arabia Saudí y atender también a las empresas auxiliares”, ha manifestado.
Juan Carlos Campo ha querido poner el énfasis en “el topalantismo del Gobierno, haciendo oídos sordos a una necesidad a la que él mismo se ha comprometido, el Gobierno actual tiene toda la legitimación, competencia y la obligación de hacer cumplir la iniciativa sobre Navantia aprobada por unanimidad en la anterior legislatura en la que la petición se hacía expresamente a este Gobierno en funciones, teniendo en cuenta la coyuntura política y para no perder tiempo ni buscar excusas en la conformación del nuevo Ejecutivo”.
En un discurso más general, el portavoz socialista ha censurado “la situación límite del estado de derecho, ya que estamos asistiendo a una degradación de la democracia, viendo que es necesaria una regeneración democrática, estamos percibiendo cómo los valores de la transición se han degradado y es necesario vigorizarlo porque está provocando falta de credibilidad y deterioro en las instituciones y una enorme desafección ciudadanía hacia la política y es necesario atajar eso”.
“Hoy tendremos una resolución del TC ante el desenganche de la Nación planteada por el parlamento catalán y es una llamada al Gobierno catalán para que se abrace al Estado de derecho; pero es necesario decirle también al ministro del Interior que no puede no dar explicaciones sobre el escándalo de las conversaciones con el responsable de la Oficina antifraude, tiene que dar explicaciones de eso”.
En su alegato en defensa de la separación de poderes, Campo ha subrayado que “el PP tiene que permitir que el Congreso realice un control efectivo del Gobierno porque es, junto a la de legislar, la misión básica y primordial de un parlamento de una nación”. “Este Gobierno, en ese topalatismo del que hablamos, se niega a rendir cuentas y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tiene una misión constitucional y legal que llevar a cabo y es convocar ineludiblemente el debate de investidura”, ha advertido para recalcar que “la propuesta del Rey es un imperativo y no tiene más remedio que convocar de manera inminente ese debate porque este país no puede permitirse una degradación más de su sistema democrático”.
“Si no contemplamos ese paraguas general de actuación donde cada institución esté llamada a cumplir aquello que nos dimos en las normas y en la Constitución, difícilmente estas iniciativas que estamos presentando tendrán viabilidad porque no se conformarán los grupos, la comisiones, en definitiva, ese ejercicio efectivo que es con mayúsculas, la política”, asevera para reiterar “la preocupación ante esta degradación del sistema democrático” y urgir al Gobierno “a que ponga fin a esta actuación y empiece a hacer lo que los españoles legítimamente le demandamos”.
