José Luis Cazorla, que denunció una presunta adjudicación ilegal del contrato de la Universidad Popular de San Roque en el año 2013 ha manifestado en un comunicado no haber recibido el archivo de la causa, anunciado por el ayuntamiento de dicha localidad el 1 de agosto. Actualmente se encuentra en Perú por motivos laborales, pero anuncia que solicitará la asistencia de la embajada española para ejercer su derecho a recurrir.
El denunciante ha señalado al respecto que como perjudicado, de acuerdo a las diligencias preliminares, no ha recibido ningún tipo de auto, y que, por lo tanto, desconoce en los extremos que se basan jurídicamente el fiscal o jueza para ese archivo provisional, según ha indicado en su escrito enviado a los medios de comunicación.
En referencia a esta situación, ha manifestado que "el señor alcalde alardea como es habitual en él de actuar con respecto a la legalidad y presume de majestuosidad e inmaculada forma de proceder. Yo en cambio tengo informes de intervención negativos y pruebas de trato discriminatorio en la mesa de contratación".
Ha añadido a estas afirmaciones que "eso en el argot jurídico es prevaricación, sin embargo la clásica división de poderes establecida por Montesquieu brilla por su ausencia. Y es que en España la supeditación del poder judicial al político es evidente. Prueba de ello son los aforamientos y a nivel local las influencias detrás de las cortinas de la 'legalidad'. Y es que todo está muy atadito".
"Además de esa denuncia que realicé en su día, con recursos al propio ayuntamiento desde la publicación de los pliegos, que no fueron reformados, de la actuación discrecional de la mesa de contratación, no habiendo unanimidad entre todos los miembros de la decisión tomada y adjudicando el contrato sin responder al recurso de reposición que presenté", continuó.
Ha recordado Cazorla que de esta manera comenzó una demanda penal sin abogado, "confiando en el juez y el fiscal, porque la justicia debe ser gratuita e igualitaria para todos los ciudadanos , pero mis sospechas y falta de confianza hacia las instituciones que sustentan un sistema corrupto se han verificado, ya que aún no tengo noticias y el ayuntamiento pagando abogados externos con dinero de todos los ciudadanos, parece que le va bien y puede que se cumpla el dicho, que la justicia es solo para quien se la puede pagar y para aquellos que residen en las madrigueras de los altos puestos".
A ello ha apostillado que "además en este caso la pagamos los ciudadanos porque el alcalde dispara con pólvora ajena. Eso de usar dinero público para resolver sus negligencias parece que le viene desde la cuna".
Recordó que posteriormente puso otra demanda al ayuntamiento, de una prórroga del "contrato vergonzosa" a la misma empresa. Ha declarado no saber si se ha sumado a la primera o ha sido tratada de forma independiente "porque jamás desde mi declaración he recibido ningún auto para poder recurrir y en esta segunda dudo que si se ha archivado la primera, se haya tenido en cuenta, porque también existen informes negativos de los funcionarios por no haber cumplido la empresa adjudicataria del contrato con las condiciones de los pliegos, llegando según los mismos informes a facturar más horas de las realizadas por los monitores de acuerdo a las declaradas en los TC de la seguridad social y según manifiesta el propio informe de fiscalización de la intervención".
"Así o la empresa engañaba al ayuntamiento, o estaba cometiendo fraude a la seguridad social, reconociéndose esto último y a pesar de la gravedad de esta actuación, se la prorroga el contrato, por lo que me extraña que se haya tenido en cuenta en el proceso. De hecho pienso que ni se han molestado en leerlo", ha dicho.
En esta situación, ha anunciado que, desde Perú, solicitará los autos y recurrirá el archivo provisional y espero que la justicia se haga también con las personas honradas y no se ampare en los plazos o procedimientos, sencillamente, porque no he recibido ningún tipo de auto.
"Espero recibir el auto de archivo provisional y ver si ha tenido en cuenta la segunda demanda, porque recurriré el auto de archivo provisional con el que no estoy de acuerdo y con la existencia de informes desfavorables que tengo en mi poder", ha agregado.
Ha concluido su escrito diciendo que "de no recibir el auto me encuentro en estado de indefensión por falta de notificaciones, y de ser así, procederé en consecuencia. Así esperaremos los fundamentos jurídicos que el juez y fiscal han utilizado para archivar mi causa en un expediente plagado de irregularidades y con pruebas que lo avalan".
Según la información que dio en su momento el consistorio, la titular del Juzgado Mixto Nº 2 de San Roque ordenó el sobreseimiento y el archivo de la denuncia de un empresario contra el Ayuntamiento por la adjudicación de la gestión del servicio de monitores de la Universidad Popular (UP) en 2013.
El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, afirmó entonces que “se demuestra una vez más que este tipo de denuncias, interpuestas por una empresa que no gana un concurso y alentadas desde la oposición municipal, no tienen recorrido porque la Mesa de Contratación actúa siempre con legalidad y transparencia”.
