El Ayuntamiento de Mojácar (Almería) ha impuesto desde finales de junio una decena de sanciones administrativas por incumplimiento a la ordenanza municipal reguladora de la convivencia y ciudadanía que se aprobó en pleno el pasado 26 de mayo y que, entre otras cuestiones, limitaba la celebración de despedidas de soltero en el municipio para evitar "actitudes" y "vestimentas" que sean "disonantes" con la imagen del municipio o que se muestren "indecorosas" mediante el uso de elementos como "muñecas hinchables".
Fuentes municipales han explicado a Europa Press que, en relación a este tipo de comportamientos regulados desde el Consistorio que preside la alcaldesa Rosa María Cano (PP), se han tramitado unas diez sanciones cuyo importe ha oscilado entre los 100 y los 300 euros cada una.
No obstante, desde el Ayuntamiento han aclarado que en Mojácar "se siguen celebrando las despedidas de soltero" aunque "es verdad que se ha notado mucho que los grupos no forman escándalos tan notables como antes, ni van vestidos de forma indecorosa".
En este sentido, han asegurado que los grupos que eligen el 'pueblo blanco' "siguen disfrutando de la fiesta" con disfraces "divertidos". "Generalmente, en público, en la playa o en las plazas ya no molestan a las familias ni a los turistas. Si hay disfraces o actividades de otra índole, se hace en los locales que hay para estas celebraciones", han especificado.
Las restricciones para conseguir un comportamiento cívico en la celebración de las despedidas de soltero, tendencia que han adoptado otros municipios costeros como Conil o Tarifa (Cádiz) o ciudades como Granada, se ha visto también reforzada ante el aumento de Policía Local en la época estival, cuando la localidad incrementa notablemente su población.
La ordenanza, que fue duramente criticada por la oposición al entender que estaba "cargada de ambigüedades" en su aplicación, también regula otras cuestiones como el uso de patinetes en la calzada, jugar con una pelota "a horas intempestivas" o ir en bañador y sin camiseta por la vía pública. Así, la normativa contempla multas de hasta 1.000 euros de sanción para quienes incumplan las normas.