La Unión de Gestión Vecinal de la zona de Los Puentes va a solicitar a la Subdelegación del Gobierno que convoque la Comisión de Seguimiento de Actuaciones en Los Puentes ante la falta de información de los residentes y ante el incumplimiento de la periodicidad de las reuniones, establecida cada tres meses aunque sin convocar desde hace más de un año.
El presidente de la Unión de Gestión Vecinal, Alberto Castro, reconoce que ante la “falta de información” y ante las “fallidas comunicaciones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y con el Ayuntamiento, que no dan respuestas”, hoy reunirá a los vecinos del Puente La Sierra, Puente Jontoya, Puente Nuevo, Pagos de Juan Ramos, Fuente del Realejo y Pozuela para acordar la solicitud.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha identificado en el mapa de riesgo y peligrosidad de inundaciones en los entornos de Los Puentes de Jaén 111 construcciones situadas total o parcialmente en el dominio público hidráulico y que, por tanto, no podrían ser legalizadas y tendrían que ser demolidas.
La cifra de construcciones que la CHG pone en el centro de la diana devuelve a Los Puentes al punto de partida, puesto que se trata de una cifra muy similar a la que ya se reveló en 2011, cuando se realizó el deslinde de dominio público de la zona.
El mapa de riesgos está publicado y su aprobación definitiva está sólo pendiente de que el Consistorio culmine la expropiación de Los Cañones, que llegó ayer durante la celebración del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
El alcalde, Javier Márquez, aprobó el proceso expropiatorio del paraje de Los Cañones para que el Estado pueda acometer las obras de recuperación del mismo. El proceso expropiatorio del paraje de Los Cañones se iniciará con un justiprecio que oscila entre los 14.000 y 15.000 euros inicialmente.
El alcalde reconoció ayer que “a partir de ahora se abre un plazo de 20 días para que los afectados puedan presentar las alegaciones sobre las tasaciones de los terrenos a expropiar”. En en el caso de que los propietarios no estén de acuerdo con la valoración, se dirigirán a la comisión provincial expropiatoria.
Paralelamente se trabajará en la ocupación de los terrenos. El Estado invertirá 800.000 euros para rehabilitar las infraestructuras básicas existentes.
