El Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz ha emitido un auto por el que dicta el sobreseimiento provisional del conocido como 'caso Matadero', en el que dos ediles del anterior gobierno del PP --del área de Familia y Asuntos Sociales-- estaban supuestamente implicadas en una supuesta irregularidad en la adjudicación de viviendas protegidas.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado estima que "cabe concluir que no existen indicios alguno del que pueda derivarse la comisión de ilícito penal alguno en el proceso de adjudicación de las viviendas de la promoción Matadero".
Asimismo, añade que "el proceso se siguió en base a criterio técnicos en cuyo establecimiento intervino Asuntos Sociales y no consta que se produjera presión alguna sobre las distintas UTS (Unidad de Trabajo Social) para obtener un determinado resultado, ni que estas fueran forzadas para modificar la propuesta que finalmente es elevada".
"Tampoco consta una injerencia ilegítima en el funcionamiento de Asuntos Sociales, como tampoco hay constancia de la existencia de un interés personal en el resultado de la adjudicación", señala el auto, así como que la adjudicación "finalmente fue concluida respetando las valoraciones e informes remitidos por los trabajadores de las distintas UTS".
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, ha indicado que el grupo estudiará en profundidad el auto judicial de sobreseimiento del llamado Caso Matadero y ofrecerá en próximas fechas una valoración del mismo. Esa valoración se está haciendo desde el punto de vista político y jurídico, porque tanto de su lectura como del informe del Fiscal –emitido días atrás- se desprende que en este asunto hay mucho más que un simple sobreseimiento.
Cabe recordar que el 'caso Matadero' se inicia tras la adjudicación de viviendas en 2013 y una posterior denuncia puesta por el PSOE y la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz. Por su parte, la Fiscalía dio traslado al Juzgado tras apreciar "indicios de prevaricación".
Desde el equipo de gobierno del PP se mantuvo que "todas y cada una de familias" a las que se adjudicaron estos inmuebles "cumplían los criterios exigidos por la legislación", como constaba en el expediente administrativo de adjudicación entregado a la Fiscalía.