El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona (Málaga) ha citado a declarar el próximo mes de diciembre al exalcalde de dicha localidad Antonio Barrientos y a otros siete investigados más por el denominado caso 'Astapa', sobre la supuesta corrupción en dicho municipio.
Así, el magistrado instructor señala en una providencia que procede tomar declaración ampliatoria a estos investigados en este momento en el que se está en la "recta final de la investigación penal, más concretamente de la fase de instrucción", de un caso que comenzó en 2007.
Esta decisión se produce además, según se precisa en la misma resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, una vez se han incorporado al procedimiento, que acumula ya más de 78 tomos principales, 444 de documental y otros documentos, "los informes tanto a nivel policial como a nivel pericial".
Así, inicialmente, se cita a Barrientos el día 1 de diciembre, mismo día que deberá comparecer el que fuera su jefe de gabinete, José Flores. Para el día 2 hay previstas cuatro declaraciones; mientras que para el 9 de diciembre se ha citado a otros dos investigados.
Barrientos ha asegurado en declaraciones a Europa Press que "después de cerca de diez años que comenzó la operación, tengo muchas ganas de declarar y explicarle al juez todo".
Durante la primera fase de la operación policial del caso 'Astapa', desarrollada en junio de 2008, fueron detenidos cargos políticos y concejales, como el entonces alcalde, que pasó seis meses en prisión; así como empresarios, técnicos y empleados municipales y algunos familiares de éstos. Actualmente, son más de cien las personas investigadas.
En este caso, se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" y "enriquecerse personalmente", según se desprende de lo actuado por parte de los investigadores y la Fiscalía Anticorrupción.
Así, entre los delitos que se investigan están el de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación o fraude. Los investigadores han realizado numerosos informes tras analizar la abundante documentación intervenida en los distintos registros practicados y, además, se han remitido comisiones rogatorias.
Inicialmente, se señalaba que una de las principales fuentes para obtener ingresos "era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero". El sumario apuntaba a un supuesto enriquecimiento de los imputados.
El juzgado declaró compleja la causa, dando el instructor varios argumentos como "la cantidad de delitos objeto de investigación" y el que ha sido necesario recurrir a las comisiones rogatorias a varios lugares, como Andorra, Reino Unido o Suiza; y contar con informes periciales que "constituyen el pilar fundamental para poder dictar resolución trascendental".