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Jueves 14/11/2024
 

Sanlúcar

El Virgen del Camino cierra una planta y paraliza los contratos

Preocupación en el hospital de Sanlúcar tras anunciar el empresario la falta de liquidez para abonar la nómina de noviembre

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  • Pancarta en el centro. -

Casi tres años de enfrentamientos y falta de acuerdo entre el empresario José Manuel Pascual y Pascual y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía a cuenta de los conciertos sanitarios de los seis centros hospitalarios que el empresario gaditano tiene en las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva -entre ellos el Virgen del Camino en Sanlúcar - han terminado por afectar a la asistencia sanitaria en la localidad.

La “escasez de recursos” que el empresario argumenta para no poder hacer frente a la nómina de este mes de noviembre se ha traducido en el cierre de una de las alas del hospital comarcal, que presta asistencia a las localidades de Sanlúcar, Chipiona y Rota. De momento, la actividad médica continúa al mismo ritmo, aunque sí es cierto que este cierre ha conllevado más derivaciones al Hospital de jerez.

La otra consecuencia de esa reducción de la actividad en el hospital de Sanlúcar se traduce en menos personal. En las últimas semanas, 30 personas han dejado de trabajar en el centro, que emplea normalmente a unas 300 personas más personal indirecto. Los contratos no se están renovando, una medida que la empresa achaca a que desde noviembre de 2015 no se está recibiendo ingresos por parte del SAS mientras que se ha continuado prestando asistencia médica a la población.

El director gerente del Hospital Virgen del Camino, Antonio Bascuñana, contextualiza la situación en el conflicto que lleva años enfrentando a Pascual con el SAS y, pese a que muestra su confianza en que finalmente se llegue a un acuerdo que permita retomar la actividad con normalidad y mantener los puestos de trabajo, reconoce que “si no hay concierto no hay posibilidad de seguir abiertos”.

Ciudadanos preocupados

De la incertidumbre y el desasosiego que se respira en el hospital sanluqueño da muestra una pancarta colocada en la sala de espera junto a las consultas de especialidades que reza ‘No al cierre’. La preocupación es palpable en el centro hospitalario.

Pese a haberse mantenido la actividad hasta esta misma semana, “cuando comenzó a haber menos recursos”, los pacientes “nos preguntan por la situación. Hay inquietud”, reconoce el doctor Bascuñana.

La situación creada viene a complicar los planes del Hospital Virgen del Camino, que en los últimos años se ha venido esforzando para colocarse entre los más punteros de Andalucía. Revistas especializadas como la New England Journal of Medicine recogen sus avances en investigación, a través de la colaboración en distintos estudios. El centro cuenta con una unidad de investigación sobre anticoagulantes y una unidad del sueño y hace poco ha ampliado su cartera con cirugía de varices. “Todo lo que hemos conseguido en todos estos años puede perderse en un momento”, reflexiona en voz alta el director de Virgen del Camino, quien acumula a sus espaldas 20 años de experiencia en el SAS y otros 20 en la sanidad privada, en la empresa Pascual.  Una experiencia que le lleva a afirmar que la continuidad del centro sería inviable como hospital privado de no renovarse los conciertos. Para Bascuñana, las negociaciones “enconadas” se deben a un “desencuentro” y si bien reconoce la voluntad de diálogo por ambas partes, atestigua que “la Junta no lo está poniendo fácil”. De hecho, llega a calificar las negociaciones entre el empresario y la Junta como “absurdas” y pone como ejemplo una de las mesas de negociación, en la que Pascual llegó a ofrecer más UPC (Unidad de Producto Concertado) por el mismo dinero -el Consejo de Gobierno aprobó 108 millones de euros para los conciertos sanitarios-. “La negociación se rompió porque la Junta quería menos UPC”, afirma al tiempo que lamenta que los andaluces “vamos a tener que pagar 6 millones de euros, mil millones de pesetas por cada mes que la asistencia sanitaria se ha prestado fuera de concierto”, por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que la Junta ya ha recurrido.

 

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